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UGT Navarra denuncia que el sistema de llamamiento que utiliza el Servicio de Recursos Humanos del Departamento de Educación para la contratación temporal de personal no docente con discapacidad no garantiza el orden de mérito y capacidad obtenido en una oposición.
El sindicato está denunciando desde hace algo más de un año que «el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra, a través de su Servicio de Recursos Humanos, está haciendo una interpretación y aplicación fraudulenta de la legalidad vigente sobre contratación administrativa de personas con discapacidad para cubrir los puestos vacantes que se generan en el personal no docente. Todo ello bajo el amparo del Consejero de Educación y de la Consejera de Presidencia, Función Pública, interior y Justicia».
El sindicato recuerda que el pasado mes de junio, el CIFP Escuela de Educadores de Navarra rechazó de plano ante el Servicio de Recursos Humanos de Educación la contratación de cualquier persona de la lista de discapacitados para una vacante producida por jubilación de uno de sus conserjes, aun correspondiendo legalmente la preferencia a dicha lista.
Además añade que el Servicio de Recursos Humanos de Educación «somete a estas personas discapacitadas al juicio de las direcciones de los centros educativos en los cuales surgen vacantes a cubrir, valorándose su aptitud para el puesto a cubrir mediante un simple cuestionario facilitado por dicho Servicio». Este hecho supone que el Director o el Secretario, según los casos, sin poseer cualificación profesional ni competencia al respecto, descartan «caprichosamente» a las personas con alguna discapacidad y que ya han sido consideradas aptas con limitaciones por el propio Instituto de Salud Laboral del Gobierno de Navarra.
«El Gobierno de Navarra, por un lado, proclama una Ley de Integración Universal de las Personas Discapacitadas y, por otro, ampara cuantos atropellos e impedimentos sean precisos frente al colectivo de discapacitados» afirma UGT.
UGT exige al Gobierno de Navarra que erradique este atropello a unos trabajadores claramente actos para el desempeño de estos puestos de trabajo y que aplique la normativa vigente en la materia. Así mismo, exige el fin de estas prácticas discriminatorias y la inmediata puesta en marcha de las acciones correctoras para la efectiva integración de las personas con discapacidad en la Función Pública de Navarra.


