Los registros, requerimientos, avisos y demás figuras judiciales que se están llevando a cabo hoy en municipios de toda España, aunque fundamentalmente catalanes, intentan proporcionar «algo de la luz» a la complicada maraña de formas de contratación de obra municipal que tenemos, en este momento, en este país y que, supuestamente, muchas de ellas, permiten traspasar la «linea roja» entre lo que es legal o no.
Por todos es sabido que, cuando un ayuntamiento tiene que llevar a cabo, por ejemplo, el arreglo de una calle, tiene que elaborar un pliego de condiciones en el que se debe explicar qué se quiere hacer y con que presupuesto se cuenta.
La ley estipula claramente todo, como hacer el condicionado, tiempos, plazos de presentación, adjudicación y ejecución, indemnizaciones por obra mal hecha, etc, etc, etc. Pero la ley no entra de lleno en las excepciones y he aquí donde surgen los problemas.
Por ejemplo, una obra urgente a realizar en un Ayuntamiento, cual pudiera ser el arreglo del tejado del consistorio como consecuencia de una tormenta. Aquí existe en función del presupuesto, lo que se llama la adjudicación de urgencia. El ayuntamiento elabora un breve condicionado e invita a tres constructoras a presentarse. Estas ya tienen acuerdos internos por los que saben quien se llevara la obra, una de ellas, mientras las otras dos presentan ofertas para ser rechazadas.
Esto sería por lo visto una táctica habitual. Solo que habría que añadir alguna comisión del 3% o más para el concejal
de turno, y ya tendríamos corrupción.
Como se ve, es fácil para quien quiere cometer ilegalidades.
Mientras que exista este aparente descontrol, la corrupción «campará por sus respetos» en aquellos municipios donde haya ediles que interpretan su paso por la política no como una manera de hacer «el bien común» sino como una manera de enriquecerse, utilizando el poder para hacer el mal.
