La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido 19 años de cárcel para la abogada Arantza Zulueta por ser una de las responsables del llamado frente jurídico de ETA, Halboka, desarticulado en 2010 y que supuestamente también integraba el senador de Amaiur Iñaki Goioaga, cuya causa tramita el Supremo.
Además de Zulueta, para quien el fiscal José Perals pide 12 años por integración en organización terrorista, otros 7 por depósito de armas y explosivos y 14 años de inhabilitación para cargo público, otro de los principales acusados es el abogado Jon Enparantza, que se enfrentará a una petición de 12 años de prisión por pertenencia a ETA y 13 años de inhabilitación.
Para los otros siete acusados de pertenecer a Halboka, la Fiscalía pide 11 años de cárcel para Naia Zurriarain, Iker Sarriegui y Julen Celarain; 10 años para Iker Sarriegui; 9 años para José Domingo Aizpurua; y 7 años para el resto: Saioa Aguirre, Juan María Jáuregui y Nerea Redondo.
Según el escrito de acusación, Zulueta, alías Martxel, Marxel y Bixer, pasó en 2006 a ser la máxima dirigente del colectivo de abogados de ETA con una «comunicación permanente» con la dirección de la banda terrorista.
De este modo, pasó a participar en actos relativos al cobro del llamado impuesto revolucionario o de fijación de objetivos, como cuando ETA le pidió que redactara un informe sobre la seguridad de la sede de la Audiencia Nacional con la intención de colocar un artefacto explosivo.
Además, en el momento de su detención se le intervino en su bolso un documento informático con informaciones sobre el rey Juan Carlos y fotografías del yate Fortuna, así como con datos de vehículos de potenciales objetivos, uno de ellos relacionado con la exdirigente del PP en San Sebastián María San Gil.
A esto se añade que en el registro de su despacho fue hallado un una memoria USB escondida detrás de un cuadro que contenía información de la ubicación de varios zulos de ETA, de lo que se deduce que tenía a su disposición armas y explosivos de la banda terrorista.
En cuanto a Enparantza, el fiscal relata que sus gestiones para ETA consistían fundamentalmente en gestionar todo lo referente al Colectivo de Presos y mediar en el cobro del impuesto revolucionario, para lo que participó en la estructura denominada GEZI (Gora Euskal Zerga Iraulta/ Viva el Impuesto Revolucionario Vasco).
La labor de Halboka (acrónimo en euskera de «Rompiendo las Paredes, Pronto los Luchadores a la Calle») era por tanto la de fomentar la sujeción y sumisión de los presos a la banda terrorista, controlándoles mediante visitas, de forma que conocían el estado de ánimo y se lo hacían llegar a la dirección, así como las circulares de ETA a los presos y los boletines internos de los presos a la dirección.
Zulueta y Enparantza se encontraba en libertad provisional por esta causa desde 2012 tras su detención en 2010, pero el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco les envió el 13 de enero de 2014 a prisión en relación con otra causa en la que están acusados de integrar el órgano de ETA KT/Koordinazioa taldea, un nuevo frente de cárceles. EFE
