Buena parte del sector de la Justicia, es decir, jueces, fiscales, abogados y funcionarios, comparte la opinión de que la digitalización de los procesos judiciales iniciada por el Gobierno al final de la pasada legislatura está fracasando, a pesar de ser un objetivo irrenunciable.
En los dos primeros meses del año, el sistema ha permitido el ahorro de más de 72 millones de euros en las presentaciones de escritos entre los distintos operadores jurídicos, al tiempo que las comunicaciones han aumentado casi un 20 por ciento más que el mismo período del pasado año, según datos facilitados a Efe por el Ministerio.
La mayor parte de los operadores jurídicos son conscientes de que el objetivo es loable, pero cuestionan los pasos dados para ponerlo en marcha.
«La titular del Juzgado 3 de Badajoz conoció el pasado 6 de enero, sin previo aviso, que su juzgado iba a ser digitalizado, en el contexto de una prueba piloto del programa promovido desde Justicia. Aquel juzgado era ejemplar antes de ser incluido en el programa. Hoy está empantanado».
La anécdota, narrada Efe por el portavoz de la asociación Francisco de Vitoria, Raimundo Prado, es significativa de cómo se ha puesto en marcha la digitalización de la Justicia, según la mayor parte de los agentes del sector consultados: mal.
Portavoces de las principales asociaciones profesionales de jueces (desde la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura a la progresista Jueces por la Democracia, pasando por Francisco de Vitoria) han expresado a Efe su opinión de que la medida, con perseguir un objetivo loable, está siendo un fracaso.
Con su opinión coinciden los fiscales (tal y como lo ha expresado recientemente el Consejo Fiscal y ha declarado a Efe un portavoz de la conservadora Asociación de Fiscales) y los funcionarios (representados, por ejemplo, por CSIF, CCOO y UGT). Y también los abogados, representados por el Consejo General de la Abogacía.
«Para comprender cómo se está intentando digitalizar nuestra Justicia no hay más que ver cómo todos los agentes están de acuerdo en que está siendo un auténtico caos», señala Joaquim Bosch, de Jueces para la Democracia.
«Precipitación, deficiencias, falta de planificación y medios técnicos» son las calificaciones que emplea este portavoz de los jueces progresistas, con quien coincide, al menos en el fondo, el de los conservadores de la Asociación Profesional de la Magistratura, Celso Rodríguez.
«El proyecto es loable pero se ha aplicado con una inmensa falta de planificación en su desarrollo, y eso después de que vengamos reclamándolo desde hace años. El proceso de implantación ha sido muy malo», ha señalado Rodríguez, quien apunta también precipitación y falta de formación, de medios técnicos y materiales.
«Una cosa son 7.000 folios en formato digital, sin que sea posible navegar de modo ordenado entre ellos, y otra un expediente digital actualizable a medida que se desarrolle un proceso judicial que es una actividad viva y que debe ser, además, accesible para las diferentes partes», dice.
Por su lado, la Asociación de Fiscales (AF), de perfil conservador, considera «imprescindible» que se dote de los medios informáticos y la formación suficiente para que todos los operadores jurídicos puedan llevar a cabo el normal desarrollo de un sistema que, hoy por hoy, se colapsa en grandes ciudades como Madrid.
Así lo ha manifestado el portavoz de la AF, Emilio Frías, quien lamenta que Lexnet, la herramienta fundamental del sistema ideado por Justicia, está diseñado para abogados y procuradores.
Estos últimos aplican el sistema desde hace 16 años y admiten que en estos momentos «no funciona estupendamente porque tiene deficiencias». No obstante, el presidente del Consejo General de Procuradores de España, Juan Carlos Estévez, ha declarado que «Justicia está trabajando a toda velocidad» para corregirlas y que, a este ritmo, los problemas estarán subsanados en mayo.
