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La Fiscalía de la Audiencia Nacional cree que dos exdirectivos de Abengoa realizaron una administración desleal

La Fiscalía de la Audiencia Nacional cree que dos exdirectivos de Abengoa realizaron una administración desleal

La Fiscalía de la Audiencia Nacional considera que los exdirectivos de Abengoa Felipe Benjumea y Manuel Sánchez Ortega -expresidente y el exconsejero delegado, respectivamente- incurrieron en un delito de administración desleal y antepusieron sus intereses personales a los de la empresa. Por eso, ha solicitado a la juez Carmen Lamela que admita a trámite la querella presentada por dos bonistas contra la compañía de renovables.

En su argumentación, el fiscal José Perals señala que los dos exdirectivos, «pese a la confianza que tenían en ellos depositados los propietarios de la empresa que gestionaban, realizaron conscientemente una administración desleal de la misma y que han antepuesto sus intereses patrimoniales a los de la sociedad».

La Fiscalía considera conectado con estos hechos el «supuesto uso de información privilegiada por parte del ex consejero delegado que podría ser constitutivo de un supuesto delito de uso de información privilegiada». Sánchez Ortega, tras abandonar la compañía, fue contratado por Blackrock y se habría beneficiado de su conocimiento de la situación real de Abengoa para adquirir acciones a la baja.

Pide llamar a declarar a los exdirectivos

En cuanto a las diligencias, la Fiscalía pide que se llame a declarar a los dos querellados en su calidad de investigados y establece que, para garantizar las posibles responsabilidades pecuniarias derivadas de la posible comisión de los delitos, se les pida una fianza equivalente a las cantidades que cobraron en concepto de indemnizaciones.

Pero antes, pide dirigirse a la actual cúpula de Abengoa para que certifique si es cierto que Benjumea cobró 11,5 millones en concepto de indemnización por abandonar la empresa justo antes de que se conociera la verdadera situación financiera de la empresa y que Sánchez fue indemnizado con 4,4 millones por ese mismo concepto.

Solicita que se libre un oficio a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para que el órgano regulador certifique la realización de dichos pagos y para que remita las operaciones de compra-venta de acciones de Abengoa desde el 1 de agosto de 2015 efectuados por el fondo Blackrock.

Además, quiere que se libre un exhorto al juzgado número dos de Sevilla para que aporte copia de la solicitud de preconcurso de acreedores y documentos acompañado por Abengoa. Igualmente, solicita a la auditora Deloitte el último informe sobre las cuentas y resultados de la compañía energética.

En contra de admitir otra querella contra Abengoa

Los querellantes denuncian que ante una gestión «horrible» de la empresa, los querellados -máximos gestores de Abengoa- la abandonaron poco antes de que se produjera la situación preconcursal, previo cobro de indemnizaciones millonarias y contraprestaciones contractuales cuantiosísimas, pese a conocer la auténtica realidad económica de la empresa.

El fiscal defiende la competencia de la Audiencia Nacional porque el supuesto «fraude» habría producido una grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil al afectar a una empresa de trascendencia nacional en el ámbito energético; existen múltiples perjudicados como accionistas o bonistas; y la cuantía de la supuesta defraudación repercutiría a la economía nacional, al tratarse de una empresa con más de 6.000 trabajadores contratados en España, que cotiza en Bolsa y registra una deuda de en torno a los 20.000 millones de euros.

El fiscal defiende la competencia de la Audiencia Nacional en este caso. Sin embargo, en su informe a la jueza, la Fiscalía se muestra en contra de la admisión de otra querella registrada en la Audiencia Nacional contra Abengoa por un despacho de abogados, en representación de varios accionistas, dado que los hechos que denuncia ya fueron «objeto de estudio judicial y se produjo el sobreseimiento del procedimiento».

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