Que el marco jurídico navarro, por el que se obtiene autogobierno fiscal y tributario, no está bien visto por parte de otras regiones españolas, es una realidad desde hace ya algunos años. No se entiende cómo puede haber una región con un régimen fiscal diferente, que hace, a su juicio, que dicha región ofrezca ventajas y que, por ello, le haga ser más competitiva.
El autogobierno fiscal y financiero navarro es fruto de un pacto establecido a mediados del siglo XIX, entre el gobierno de España y Navarra, en la llamada Ley Paccionada, por la que se regulaba el pacto existente desde mediados del siglo XVI, entre Navarra y el reino de España, cuando la primera se incorporó a la segunda.
En la Constitución de 1978, se volvieron a regular las relaciones entre España y Navarra, convirtiéndose esta última en una Comunidad Foral, creándose, entonces, un nuevo marco jurídico, el Amejoramiento, que estableció claramente que el autogobierno fiscal y tributario navarro se vería compensado con la creación del llamado Convenio Económico, por el que se cumple el mandato del artículo 158 de la Constitución que establece las cuantías que el Estado dará en función del volumen de los servicios y actividades estatales que hayan asumido y de la garantía de un nivel mínimo en la prestación de los servicios públicos fundamentales en todo el territorio español..
Todos los años este Convenio Económico es revisado para establecer quién debe pagar, o bien el Estado o bien Navarra, en función de los servicios prestados reciprocamente.
Cuando, por lo tanto, la máxima norma jurídica española, regula perfectamente esta situación, no ha lugar a las declaraciones e intentos de crear polémica, de presidentes o consejeros de comunidades autónomas, que desconocen, por lo visto, la realidad constitucional española y sus relaciones con Navarra.
Las elecciones del 20D, son, por lo visto, una losa muy difícil de superar para algunos, que ven como peligra su cargo lo o y creen que echando balones fuera, pueden desviar la atención de su realidad.
