El líder del PSOE visita a los diputados de la Asamblea de Madrid tres días después de afianzar su poder en la federación socialista más convulsa
El candidato socialista plantea una reforma del Código Penal para que no solo se actúe contra el patrimonio de los responsables de la corrupción sino también contra el que hayan puesto a nombre de terceros
El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, cree que el «silencio cómplice» del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y de la presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, ante la trama Púnica se debe a que tienen «mucho que callar, no vaya a ser que se conozca toda la verdad».
En una reunión con el Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid, a la que ha asistido también la futura secretaria general del PSM, Sara Hernández, Sánchez ha denunciado que este nuevo caso de corrupción, de «extraordinaria gravedad», es «el paradigma de la depravación política».
Como la Gürtel, ha subrayado, es un ejemplo de «cómo el PP ha utilizado todas las instituciones» y las ha «sometido a los intereses más oscuros» para la «financiación irregular» del partido y el «enriquecimiento ilícito» de sus dirigentes.
Por eso, ha avisado al partido de Mariano Rajoy y a sus responsables de que no basta con las «gruesas palabras de condena» que están pronunciando estos días si no van «acompañadas de ningún hecho». Aunque hoy los ‘populares’ se muestren «horrorizados, indignados, avergonzados, escandalizados», tienen que asumir responsabilidades.
«¿Para cuándo la rendición de cuentas en la Asamblea y en el Congreso de Cifuentes y Rajoy? ¿Para cuándo la asunción de responsabilidades políticas en primera persona de los dirigentes del PP?», se ha preguntado.
«Que devuelvan lo robado»
El líder del PSOE ha defendido que, para devolver la dignidad a las instituciones y «acabar con la impunidad», es necesario que «quien se corrompe, lo pague» y que, además, «devuelva lo robado».
Por eso, ha garantizado que si llega a La Moncloa, impulsará una reforma del Código Penal para que, en casos de corrupción, los condenados paguen con su patrimonio y con el de terceros de los que se haya podido valer para «esconder» ese patrimonio.
