La familia pidió aplazar las clases en español después de que un hijo llegara a casa llorando, según Convivencia Cívica
Desde que trascendió el pasado día 12 de mayo, la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que obliga a la Escuela Pía Santa Anna de Mataró (Barcelona) a impartir el 25% de las clases en castellano, Agustín Fernández, el cabeza de familia que solicitó la medida para sus dos hijos, ha tenido pocos momentos de tranquilidad.
Pese a que siempre han querido mantenerse al margen de la polémica, el intenso clima de hostilidad y acoso que han vivido en los últimos dias, tanto personalmente como en las redes sociales, les condujo, , según denuncia Convivencia Cívica Catalana (CCC) –entidad que les representa en el proceso–, a adoptar una «decisión desesperada»: pedir el aplazamiento de las medidas cautelares hasta el próximo curso, algo que ayer les concedió el tribunal.
El pasado 14 de mayo se sucedieron una serie de actos de hostigamiento contra Agustín Fernández que había solicitado las asignaturas en castellano. Alrededor de 500 personas protestaron contra su familia, entre ellas políticos y profesores de organizaciones y partidos independentistas que estuvieron acosando a unos padres por pedir que se cumpla la sentencia del Supremo, que respalda que el 25% de la jornada escolar se dé en castellano.
Agustín Fernández tiene dos hijos en primaria y lo único que pide es que puedan estudiar al menos dos asignaturas en castellano. Se cumpliría así la reciente decisión dictada por del Tribunal Supremo. El alto tribunal le ha dado la razón a este padre y ahora los alumnos tendrán 25% de las clases en castellano. Agustín se queja de que el gran problema es que la educación está politizada.
La familia, sin embargo, matizaba este viernes, en declaraciones al diario ABC: «Es solo por una cuestión organizativa, aunque no renunciamos a nada».
Pese a no referirse explícitamente a las presiones recibidas, el padre, en un comunicado al que ha tenido acceso el citado diario anima a aquellos padres que quieren bilingüismo para sus hijos a que «no tengan miedo» y lo soliciten. «Aquellos que intentan presionarnos y acosarnos con ataques e insultos no van a salirse con la suya. Os lo puedo asegurar», dice.
Delito de incitación al odio
Según el portavoz de CCC, «lo que ha ocurrido en el colegio de Mataró es un claro delito de incitación al odio. Por eso actuaremos». «La Fiscalía debería haber abierto una investigación de oficio», afirma Francisco Caja.
En cuanto al aplazamiento de la aplicación, Caja reclamó al Tribunal Superior «la misma celeridad» para resolver todas las medidas cautelares y recordó que hay «sentencias firmes de hace cinco años pendientes de resolución por parte de este mismo tribunal».
