Fue violada por su padrastro, que está en busca y captura. Los médicos dicen que su embarzo es de alto riesgo para su vida. El Gobierno descarta el aborto porque la ley lo imposibilita
El caso de una niña de 10 años embarazada de 21 semanas, tras ser presuntamente violada por su padrastro, ha generado una gran conmoción en Paraguay. La sociedad paraguaya sigue pendiente del futuro de la niña, ingresada en un centro de la Cruz Roja porque el embarazo es de alto riesgo, según las autoridades médicas, ya que la pequeña no tiene aún desarrolladas todas las características de una mujer adulta. El Gobierno ha rechazado el aborto a la niña recordando que no está contemplado en la ley ni cuando el embarazo es fruto de una violación. Según cifras del Ministerio de Salud, casi 700 niñas menores de 14 años dieron a luz en 2014.
Desde que a finales de abril se conoció el caso, la sociedad paraguaya sigue conmocionada y pendiente del futuro de la niña pero también de la madre, que está en prisión preventiva, mientras que el padrastro sigue prófugo.
Ante lo incierto del desenlace, parte del debate se dirige hacía una posible laxitud e ineficacia de la Justicia a la hora de evitar una lacra que cada año manifiesta una tendencia de unos 20.000 alumbramientos anuales por parte de niñas y adolescentes.
El padrastro denunciado enero de 2014
En cuanto a la niña que ocupa la atención de los paraguayos, se sabe que en enero de 2014 su madre había denunciado al padrastro por supuestos abusos sexuales de la pequeña, que entonces tenía nueve años.
Sin embargo, la denuncia fue archivada por un fiscal de la ciudad de Luque, en el Gran Asunción, que es investigado por una posible negligencia. Más de un año después, la niña fue conducida por su progenitora a un hospital de Luque, ante la creencia de que el aumento abdominal de la menor podría tratarse de un tumor.
Después, en el hospital público de Trinidad, en Asunción, se le diagnosticó que estaba embarazada de 21 semanas, lo que se notificó a los responsables del centro a la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia, pero no a la Fiscalía, que era la instancia correspondiente.
Días más tarde, el asunto dio un giro con la orden de prisión preventiva para la madre, de 32 años, a quien la Fiscalía imputa los supuestos delitos de «incumplimiento del deber del cuidado» y como cómplice de «abuso sexual en niños». El Ministerio Público justifica la medida al alegar que la mujer proporcionó algunas pistas sobre el posible paradero del padrastro, pero resultaron inútiles.
