Avisa de que, con el sistema actual, habría un déficit de casi 1.500 millones de euros
El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, ha urgido a ENRESA a revisar anualmente su sistema de financiación y en concreto, los elementos tributarios de las dos tasas que recaen sobre las empresas titulares de las centrales nucleares.
Ha pedido que se modifique el modelo de financiación establecido para pagar la gestión y tratamiento de los recursos nucleares, ya que con los ingresos que generan las tasas actuales no se cubriría los costes previstos y se generaría un déficit que, a día de hoy, sería de 1.486 millones de euros.
Así lo ha explicado el presidente de ese organismo, Ramón Álvarez de Miranda, durante la presentación en el Congreso de los Diputados del informe de fiscalización de la gestión que realiza la empresa pública ENRESA sobre el fondo destinado a financiar el Plan General de Residuos Radioactivos (PGRR).
Un déficit equivalente al 17% del coste previsto
Según el presidente del órgano fiscalizador, el sistema actual no garantiza que los costes derivados del cierre y desmantelamiento de las instalaciones nucleares que generan electricidad no tengan que trasladarse a generaciones futuras, algo que prohíbe tanto la normativa comunitaria como la legislación nacional.
Esto se debe -concluye el informe- a que no se obliga a revisar cada año los elementos tributarios de las tasas que recaen en los titulares de las centrales nucleares y a trasladarles cada año las desviaciones significativas que se producen en esos costes de acuerdo con el Plan General de Residuos Radiactivos.
En concreto, ese documento detalla que -según en la última actualización económico-financiera realizada por ENRESA en junio de 2014- si se mantienen los actuales tipos de gravamen a las centrales nucleares, se generaría un déficit de 1.486 millones de euros, cifra que supone el 16,9% de las necesidades futuras de financiación estimadas para hacer frente al coste de la gestión de residuos radioactivos y del combustible nuclear gastado hasta 2085.
De las cuatro tasas, dos gravan a las empresas que explotan las centrales nucleares activas, otra a las que gestionan el combustible de esas centrales y la cuarta, a otras instalaciones radioactivas. Ese modelo se estableció en 2010 y no se ha modificado desde entonces.
