El magistrado concluye la instrucción del caso de los papeles de Bárcenas
El juez ve indicios de que tuvo una contabilidad paralela entre 1990 y 2008.
La caja B habría servido para pagar sobresueldos y campañas electorales.
El juez del caso Gürtel en la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, ha concluido la instrucción de la pieza separada de los ‘papeles de Bárcenas’ y da por acreditada «indiciariamente» la existencia de una contabilidad paralela en el PP «desde 1990 hasta al menos 2008» al margen de la contabilidad oficial remitida al Tribunal de Cuentas y no declarada ante Hacienda. Una caja B que habría servido para pagar retribuciones, «complementos de sueldo o compensaciones a personas vinculadas al partido» -los conocidos como sobresueldos- y campañas electorales, entre otros gastos, según recoge el juez en un auto de 190 páginas difundido este lunes.
Ruz ha decidido sentar en el banquillo a los extesoreros de esta formación Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, al exgerente Cristóbal Páez y a los responsables de la empresa Unifica, el arquitecto Gonzalo Urquijo y Belén Garcia y a una empleada de esta sociedad, Laura Montero.
Acusa a los imputados de delitos contra la Hacienda Pública, tanto por parte de Unifica, (por el impuesto de sociedades de 2007 y el IVA de 2010) como por parte del PP, por el impuesto de sociedades de 2008, al no haber declarado las donaciones presuntamente recibidas en dicho ejercicio. Asimismo, sostiene que la formación conservadora ha cooperado en los delitos fiscales atribuidos al arquitecto que llevó a cabo la reforma de la sede del partido conservador. A Bárcenas y Lapuerta se les imputa también un delito de apropiación indebida y a los responsables de Unifica uno de falsedad documental.
Además el el magistrado incoa pieza separada y remite a un juzgado de Toledo la investigación sobre el expediente de limpieza de esta ciudad por el que se adjudicó a Sufí el servicio de basuras. Ruz aprecia indicios de delitos de prevaricación. No obstante, el togado aclara que no ha encontrado elementos que permitan investigar a María Dolores de Cospedal que, según Bárcenas, cobró una comisión por la adjudicación de este contrato con la que pagó gastos de su campaña electoral.
El PP, responsable civil subsidiario
El juez cifra en 1.552.000 euros el dinero en «b» que el PP pagó a Unifica por las obras y considera tanto a la formación política como a la empresa responsables civiles subsidiarios de estos delitos.
A Bárcenas y Lapuerta les imputa además un delito de apropiación indebida por incorporar presuntamente a su patrimonio fondos del partido que fueron empleados para la compra de acciones de Libertad Digital.
Según ha informado en una nota la Audiencia, el magistrado ha incoado una pieza separada y se ha inhibido a un juzgado de Toledo la investigación sobre la adjudicación del contrato de basuras del Ayuntamiento a la empresa SUFI. El juez ve indicios de prevaricación pero no contra ningún aforado.
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