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Izquierda-Ezkerra pide que las prestaciones por violencia de género sean derechos “reconocidos y garantizados”

Izquierda-Ezkerra pide que las prestaciones por violencia de género sean derechos “reconocidos y garantizados”

Izquierda-Ezkerra

La coalición ha presentado varias enmiendas al proyecto de ley foral contra la violencia hacia las mujeres

Izquierda-Ezkerra ha presentado varias enmiendas al proyecto de ley foral contra la violencia hacia las mujeres, entre ellas, que en el plazo de un año se elabore una Cartera de servicios de atención integral a víctimas de la violencia contra las mujeres, en el que se recojan todos los derechos y prestaciones contempladas en esta ley foral, sean económicas, de recursos o servicios, como “prestaciones garantizadas”.

Según ha expuesto el parlamentario de I-E Txema Mauleón en una nota, “esto supone que dichas prestaciones garantizadas serán exigibles como derecho subjetivo en los términos establecidos en la cartera, que señalará los requisitos de acceso a cada una de ellas y el plazo a partir del cual dicho derecho podrá ser exigido ante la Administración una vez reconocido, pudiendo, en caso de no ser atendido por ésta, hacerse valer ante la jurisdicción contencioso-administrativa”.

Asimimo, se plantea que todos estos derechos y prestaciones garantizadas cuenten con partidas presupuestarias ampliables, de tal manera que “su cumplimiento no esté sujeto a la evolución presupuestaria, al definirse precisamente como derechos garantizados de las mujeres víctimas de la violencia”.

Según I-E, “si bien el proyecto de ley tiene elementos positivos en su enfoque y definición, no concreta de manera suficiente que derechos, prestaciones y medidas son exigibles ante la ley y por tanto de obligado cumplimiento para las administraciones”.

A su juicio, en los últimos años, especialmente en la legislatura en curso, “no solo no se han cumplido todas las medidas contempladas en la ley actualmente en vigor si no que se han producido importantes recortes que hacen que no se estén garantizando todos los derechos de las mujeres víctimas de violencia de manera adecuada y suficiente”.

“Al tratarse de una cuestión que afecta a los derechos humanos más básicos de la persona, entendemos que deben ser derechos garantizados no graciables en función de las disponibilidades presupuestarias”, ha añadido.

Finalmente ha destacado que a lo largo de las enmiendas también inciden en “la necesidad de potenciar la prevención, la coeducación (concepto que desaparece de la ley propuesta por el Gobierno), el apoyo a las asociaciones de mujeres y/o que trabajan esta problemática”.

Pide también que los protocolos de actuación no sean voluntarios si no de obligado cumplimiento para todas las administraciones y entidades públicas o privadas que los firmen, así como salvaguardas para que se atiendan las problemáticas específicas de personas en situación de discapacidad, inmigrantes en situación administrativa irregular, personas mayores y menores, y en general todo colectivo especialmente vulnerable, que “suma al ser víctima de violencia de contra la mujer otras circunstancias que han de ser tenidas en cuenta para una efectiva salvaguarda de sus derechos”.

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