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La Fiscalía ve inconstitucionales las escuchas telefónicas sin permiso del juez

La Fiscalía ve inconstitucionales las escuchas telefónicas sin permiso del juez

Consuelo Madrigal Martínez-Pereda  toma posesión de su cargo como fiscal general del Estado en  el Salón de Plenos del Tribunal Supremo

También critica el sistema de plazos máximos que fija para la instrucción de las causas

El Consejo Fiscal celebrado este martes, el primero presidido por la nueva fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, ha aprobado un dictamen sobre el anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) que critica el sistema de plazos en la instrucción previsto en la nueva norma y piden la supresión, por ser contrario a la Constitución, del artículo que prevé que determinadas intervenciones telefónicas puedan ser concedidas por el ministro del Interior o, en su defecto, por el secretario de Estado de Seguridad fuera de los supuestos de terrorismo.

En cuanto a la posibilidad de que las intervenciones telefónicas y las interceptaciones de las comunicaciones, en caso de urgencia, puedan ser concedidas por el ministro del Interior o, en su defecto, por el secretario de Estado de Seguridad fuera de los supuestos de terrorismo debe ser suprimida por resultar contraria a la Constitución.

Así figura en el informe del Consejo Fiscal al anteproyecto de ley orgánica que reforma la norma procesal penal, que remitirá en los próximos días al Ministerio de Justicia, documento que también critica el sistema de plazos máximos que fija para la instrucción de las causas, según ha informado la Fiscalía General del Estado en un comunicado.

El informe se muestra contrario a diversos aspectos de la ley, entre ellos que, en caso de urgencia, el ministro del Interior o el secretario de Estado de Seguridad puedan autorizar la intervención de comunicaciones de todo tipo fuera de los supuestos de terrorismo, una posibilidad que a su juicio «debe ser suprimida por resultar contraria a la Constitución».

Entre los preceptos del Anteproyecto que critican los fiscales está la fijación por la proyectada reforma de un sistema de plazos en la instrucción de las causas y el proceso de aceptación del Decreto del Fiscal en fase de instrucción, que tildan de «innecesario» ante la satisfactoria regulación actual del sistema de conformidad.

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