El CGPJ dudó este lunes en un dictamen del «encaje» de estas escuchas y recordó al Gobierno que la Constitución protege el secreto de comunicaciones
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, anunció hoy que Interior renunciará a las intervención de las comunicaciones sin autorización judicial previa si hay dudas de su encaje constitucional, tal como dice el dictamen que aprobó el lunes el CGPJ.
En declaraciones a la Cope Fernández Díaz valoraba así que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobase este lunes un informe que contempla que existen “serias dudas” de constitucionalidad respecto a los pinchazos telefónicos sin autorización judicial previa, algo que se desarrolla en el anteproyecto de nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) que promueve el Gobierno.
A este respecto, el titular de Interior dijo que las escuchas telefónicas sino permiso judicial previo están contempladas en la Carta Magna para delitos terroristas y que es algo que se desarrolla en la Ley criminal vigente, que data de 1988.
El responsable de Interior añadió que la sociedad ha evolucionado desde entonces y que “hay que prever supuestos adecuados” a la nueva realidad a la hora de combatir los fenómenos delictivos y terroristas.
Nevas medidas para luchar contra el yihadismo
No obstante, Fernández Díaz, en referencia a la amenaza del yihadismo y a los atentados de París de la semana pasada, declaró que “Occidente tiene que reaccionar con todas las consecuencias contra lo que es una amenaza global”.
El ministro ha defendido implementar una serie de medidas para la lucha contra el terrorismo yihadista ya que, a su juicio, el Código Penal vigente no es suficiente para derrotar el terrorismo yihadista, «un terrorismo no convencional donde se diluye la pertenencia a la banda, donde internet juega un papel fundamental para la comisión de delitos, para las radicalizaciones, la captación…». «Necesitamos adaptar el Código Penal», ha sentenciado.
El ministro de Justicia, en la misma línea
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, avanzó este martes que el Gobierno está dispuesto a renunciar al cambio legal en la Ley de Enjuiciamiento Criminal que ampliaría el campo para realizar escuchas sin autorización de un juez.
Catalá apuntó, en declaraciones a la Cadena Ser, que la posibilidad de que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado realicen escuchas sin autorización judicial existe ya en casos de terrorismo, y con la propuesta del Ejecutivo sólo se pretende “ampliar” esta posibilidad para investigaciones asociadas con bandas organizadas, trata de menores y de mujeres y otros delitos “especialmente graves”.
