Francesc Homs, portavoz y consjero de presidencia del gobierno catalán, ha informado del convencimiento del gobierno de que la querella contra el presidente catalán, Artur Mas, por haber hecho posible el proceso participativo del 9N «no tiene ningún recorrido»
Así Homs ha asegurado en declaraciones a los medios que afrontan la querella «con ánimo sereno» y que tiene el convencimiento de que Mas no ha cometido ninguna ilegalidad. «Estamos ante una querella política y no ante una querella con fundamento jurídico», y ha señalado que prueba de ello son las discrepancias disipadas y evidentes entre el Fiscal General del Estado y los fiscales catalanes, que no han apreciado motivos para interponerla. A pesar de que la Junta de Fiscales apoya a Torres Dulce en la querella contra Mas.
La querella ha recalcado el portavoz catalán, evidencia que el Gobierno central liderado por Mariano Rajoy hace una «utilización torpe» de las instituciones del Estado, y ha recalcado que la votación del 9N estaba amparada en un derecho fundamental como es la libertad de expresión, y que el intento por el Estado de obstaculizarla hará que la querella no tenga recorrido».
Respuestas políticas ante la querella de la Fiscalía General del Estado
Jordi Turull, portavoz de CiU , ha afirmado que la querella presentada por la Fiscalía contra Mas y dos consejeros no les da miedo «sino pena» por tratarse «de una persecución política decorada jurídicamente». Además añade Turull que «el autor intelectual del 9N se llama Parlament». Por eso, -dice- «si fueran valientes tendrían que actuar contra el Parlament y todos los diputados».
ERC, por su parte, interpreta que la querella se dirige en realidad contra «un pueblo entero», el que constituyen todos los catalanes que votaron ese día y que, por tanto, no va a servir para parar el proceso abierto en Cataluña que, según ha dicho, sigue «adelante con toda la fuerza» y «en forma», incidiendo en que la única solución tiene que venir de la política y con una «salida democrática».
Josep Antoni Duran lider de UDC, , ha afirmado en Twitter que la querella es un «error monumental» en cuanto que la Fiscalía General del Estado actúa contra el presidente de la Generalitat.
Dolors Camats, parlamentaria de ICV-EUiA, insiste en que la decisión del fiscal general constituye «una persecución política contra el derecho a decidir».
Quim Arrufat, diputado de la CUP, ha considerado que «lo lógico sería que la Fiscalía actuase contra todos los partidos que favorecieron el 9N», y se pregunta, si tras esta decisión no se esconde la voluntad de «personalizar la causa catalana en un solo partido» para favorecer una interlocución futura».
Maurici Lucena, portavoz del PSC, ha coincidido con Duran en que la querella es un «gravísimo error» que «no solo no contribuirá a resolver el problema sino que empeorará las cosas».
Santi Rodríguez, uno de los portavoces del PP, ha apuntado que «la decisión avalada por los fiscales demuestra que el Estado de Derecho «funciona» en España».
Matías Alonso, portavoz de C’s, asegura que la querella llega tarde porque «el mal ya está hecho» y «no aporta ninguna solución, solo sirve para seguir minando el prestigio de las instituciones del Estado».
