La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) acatará la orden que le dé el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, si finalmente decide querellarse contra el presidente de la Generalitat por la organización del 9N
La Fiscalía General del Estado –que abordará la querella el miércoles– no se planteaba por el momento medidas disciplinarias contra los fiscales catalanes por posicionarse en contra de una querella, aunque estas medidas podrían darse en caso de desobedecerse una orden que pueda darse a partir de ahora, han señalado a Europa Press fuentes fiscales.
La Fiscalía del TSJC no se pronunciará sobre si cree conveniente admitir a trámite las denuncias que varios particulares presentaron el 9 de noviembre contra el presidente Artur Mas, al considerar los fiscales deben esperar para dar su opinión a que el mismo tribunal decide si admite o no su propia querella, en el caso de que se presente.
La Fiscalía de Cataluña por su parte, ve poco probable un escenario en el que Torres-Dulce decida interponer la querella él mismo al margen de la de los fiscales de Cataluña. Si llega la orden de Torres-Dulce, la querella se presentará en un plazo breve.
El fiscal general, Eduardo Torres-Dulce, va a recabar el apoyo de la Junta de Fiscales de Sala, el generalato del Ministerio Público, para presentar una querella contra el presidente catalán, Artur Mas, tras la negativa de los fiscales de Cataluña a llevar a cabo esa acción penal por la celebración de la consulta del 9N.
Torres-Dulce sigue considerando que procede actuar contra Mas, la vicepresidenta, Joana Ortega, y la consejera de Educación, Irene Rigau, por desobediencia, prevaricación, usurpación de funciones y malversación de fondos públicos.
Torres-Dulce que había convocado para este miércoles a la Junta de Fiscales de Sala a las 10:00 horas y la postura de la Junta de Fiscales de Sala es, en todo caso, no vinculante, por tanto, la decisión última dependerá de Torres-Dulce. En cualquier caso se trataba de obtener el respaldo de la cúpula del Ministerio Público en una actuación que ha merecido el rechazo, por unanimidad, de los nueve miembros de la Fiscalía del TSJC.
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