UPyD ha presentado este domingo sobre las 9:00 horas una denuncia contra el presidente catalán, Artur Mas, y los consejeros de Educación e Interior
Además, ha solicitado la actuación de las fuerzas de seguridad para el cierre de los edificios públicos que albergan las urnas del 9N, el decomiso del material y la detención de los voluntarios en caso de que se les identifique y se nieguen a hacerlo.
La denuncia se presenta por delitos «flagrantes y permanentes» de desobediencia, prevaricación y omisión del deber de perseguir delitos contra el presidente del gobierno catalán, Artur Mas; la consejera de Educación, Irene Rigau, y el de Interior, Ramon Espadaler, por «ser cómplices, cooperadores necesarios, encubridores».
El portavoz de UPyD de Catalunya, Ramon de Veciana, ha informado de que la denuncia recoge cómo «a pesar de la suspensión taxativa del Tribunal Constitucional (TC) realizada hace 15 días, el gobierno catalán ha abierto institutos y edificios públicos que dependen de la Consejería de Educación para la realización de la consulta suspendida facilitando su logística y los medios necesarios para realizarla».
También el hecho de funcionarios públicos y a los Mossos d’Esquadra «en la realización de actos ejecutivos de la organización del proceso de participación ciudadano y ha hecho entrega de las llaves de los edificios a voluntarios de afiliación desconocida dependientes en su mayoría de la ANC».
De Veciana ha declarado a los medios que Artur Mas está cometiendo actos muy graves que se podrían calificar de «golpe de Estado», en los que, «no se utiliza la violencia pero sí la coacción».
