La Audiencia de Barcelona ha rechazado la petición de suspender el ingreso en prisión del constructor y expresidente del FC Barcelona, José Luís Nuñez Navarro, y de su hijo Josep Lluís Núñez Clemente, condenados a dos años y dos meses de cárcel cada uno por su implicación en una trama de sobornos a altos cargos de Hacienda para eludir impuestos
Núñez fue condenado por un delito de cohecho por el que, además de la cárcel, se le impuso una multa de 1,5 millones de euros e inhabilitación para cargos públicos durante siete años.
La defensa de los condenados solicitó a la Audiencia la suspensión del ingreso argumentando que, si se le deniega esta suspensión y por el contrario el Gobierno acepta el indulto, el daño sería irreparable porque al resolverse ya habría cumplido toda o parte de la condena.
También aludieron a «la previsibilidad de su otorgamiento» y a que Núñez se haya completamente reinsertado en la sociedad y, como muestra, menciona su condición de consejero delegado del grupo empresarial familiar Núñez i Navarro.
Pero la Audiencia califica de incierta la primera de las tesis y hace mención a que tanto el anterior ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, como otros altos cargos del Estado aseguraron que no se concederían indultos relacionados con casos de corrupción.
Recuerda que Núñez y su hijo cometieron conductas que califica de gravísimas y actuaron dentro de una trama en la que un grupo de empresarios influyentes «compraron voluntades» de inspectores de Hacienda para sacar beneficio económico en perjuicio de las arcas del Estado.
Destaca también que esta trama, conocida como «caso Hacienda» y que se desarrolló entre finales de los años 80 y prácticamente todo el decenio de los 90, es uno de los casos de corrupción de mayor relevancia de la historia judicial de Cataluña.
En el auto, la Audiencia dedica varios párrafos a hacer consideraciones sobre la figura del indulto «el indulto constituye una inquietante antigualla diletante para el poder político», sostiene la Audiencia, que la califica de residuo de la monarquía absoluta que ha sobrevivido en los Estados constitucionales y democráticos.
El Tribunal considera que «no cabe que el Ejecutivo se inmiscuya en la exclusiva y excluyente función jurisdiccional y revise, a su antojo, las penas judiciales para congraciarse con amigos o exigencias corporativas».
Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado también se mostraron en contra de suspender la pena a los dos condenados.
