La juez Alaya va dando pasos en su nueva investigación acerca de las ayudas concedidas por la Junta de Andalucía, en este caso por la concesión de subvenciones destinadas a sindicatos y otras entidades para cursos de formación
La juez Mercedes Alaya ha imputado en la causa abierta por las presuntas irregularidades en relación a las ayudas a cursos de formación y subvenciones por parte de la Junta de Andalucía a sindicatos y otras entidades, al que fuera consejero de Hacienda de la Junta de Andalucía Ángel Ojeda por dos presuntos delitos, uno continuado deprevaricación y otro de malversación de caudales públicos.
Tras imputar al que fuera consejero de Empleo entre 2004 y 2010, Antonio Fernández, que ya estuvo varios meses en prisión preventiva a cuenta de los ERE, ha notificado un auto de imputación al también exconsejero Ángel Ojeda. Después de dirigir el departamento de Hacienda entre 1987 y 1990, al igual que Fernández ha sido imputado delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos por su gestión durante los últimos años al frente de entidades beneficiarias de cursos de formación sufragados con dinero público.
Ojeda fue detenido el 4 de agosto pasado en el marco de un operativo de la Policía Nacional saldada con el arresto de nueve personas. Según han informado fuentes del caso, el juzgado de Alaya le ha hecho llegar a su domicilio un auto por el que se le notifica su imputación en la causa, si bien no consta citación judicial alguna. El otro exconsejero ya imputado sí que está ya convocado para prestar declaración ante Alaya el próximo 16 de octubre a las 10.30 horas.
Alaya, tras el caso de los ERE, parece así centralizar la nueva causa contra la concesión de ayudas públicas. A primeros de septiembre, la Fiscalía Provincial de Cádiz pidió formalmente que el Juzgado de Instrucción número 2 de Cádiz, que asumió las diligencias de la mencionada ‘Operación Óscar’, se inhibiera del caso en favor de otro juzgado que ya investigaba el supuesto fraude (el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla que dirige Mercedes Alaya) sin que las mismas fuentes puedan confirmar que dicha inhibición se haya producido oficialmente. Lo que es ya un hecho es que la jueza de los ERE también investigará el caso de los cursos de formación.
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