El representante del Ministerio Público considera que no existen elementos en la causa para achacar a individuos concretos «las infracciones criminales indicadas en la resolución»
El fiscal del caso Alvia, Antonio Roma, ha recurrido el auto con el que el instructor de la causa por el accidente de tren del 24 de julio de 2013, Luis Aláez, imputó a once cargos de Adif que estaban en la dirección cuando se puso en funcionamiento la línea entre Santiago y Orense.
En este sentido, el fiscal entiende como «inaplicables los preceptos penales empleados en el auto» para justificar la citación de estos 11 cargos como imputados. El juez Luis Aláez emitió el pasado viernes un auto en el que llamaba a declarar en calidad de imputados en la causa al expresidente del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) Antonio González Marín, al exdirector de Seguridad en la Circulación Andrés Cortabitarte López y a nueve miembros del consejo de administración del organismo cuando se abrió la línea Ourense-Santiago. Esta decisión se basaba en las conclusiones derivadas de los cuatro informes periciales preliminares ya recibidos por el magistrado.
El fiscal sostiene que bajo ningún concepto procede hablar de «imprudencia grave» situando al gestor ferroviario como responsable directo de ocasionar 79 homicidios y 148 lesiones y vuelve a apuntar a la excesiva velocidad del tren que cubría el trayecto entre Madrid y Ferrol como principal motivo de la tragedia ferroviaria y, en consecuencia, a la «conducta enormemente imprudente» del maquinista.
«La pérdida de atención es tajante y gravísima, se mire desde la óptica que se mire», expone Roma, y añade que la actuación del conductor Francisco José Garzón Amo, que se despistó y no redujo velocidad, «es desencadenante, básica, natural, sustancial y determinante, un curso causal eficiente y sin duda preponderante».
La Fiscalía lamenta que a medida que avanza la instrucción se busquen «elementos con vocación causal» cada vez más alejados de los verdaderos motivos.
Antonio Roma ya había pedido el 21 de septiembre de 2013 que se retirasen las imputaciones contra responsables del ente público Adif y la solicitud fue estimada por la Audiencia Provincial de La Coruña en el mes de noviembre.
No obstante el juez, en un auto emitido el 9 de mayo, volvió a imputar a directivos del gestor ferroviario al entender que podrían haber incurrido en un delito contra la seguridad colectiva y ser además hipotéticos partícipes en los de homicidio y lesiones.
Entre los imputados se encuentra el que fuera presidente de Adif, Antonio González Marín, el entonces director de seguridad en la Circulación, Andrés Cortabitarte, y nueve miembros del consejo de administración, Juan Carlos Cáceres, Mercedes Rodríguez Arranz, Félix Díaz Martínez, Juan Ángel Mairal, Carlos Bartolomé Marín, Javier Hurtado, Carlos María Juárez Colera, Mercedes Caballero y Gerardo Luis Gavilanes.
El juez, que ha estado recibiendo en las últimas fechas informes periciales que inciden en que no había suficientes medidas de seguridad en la curva de A Grandeira, donde se produjo la tragedia ferroviaria, ya imputó en su día por idénticas razones a directivos de esta compañía pública.
Una imputación que levantó el órgano de apelación y que supuso que la instrucción judicial retornase al punto en el que se encontraba a los cuatro días del accidente, con el conductor, -que no redujo la velocidad del convoy-, acusado de homicidio imprudente.
El juez instructor Luis Aláez apura esta investigación puesto que en breve ocupará su nueva plaza en el juzgado de lo penal número uno de la ciudad de Compostela.
