Mercedes Alaya atiende la petición de la Guardia Civil y ordena a varias entidades bancarias que informen sobre cuentas asociadas que ostentan UGT y CCOO
La juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) ha ordenado a varias entidades bancarias que faciliten información sobre distintas cuentas cuya titularidad la ostentan los sindicatos UGT y CCOO, entre ellas una cuenta de UGT-Valencia, todo ello a fin de concretar los fondos públicos que cobraron como «contraprestación» por la labor desarrollada en los procesos de reestructuración de empresas.
En un auto notificado este jueves a las partes la magistrada Mercedes Alaya atiende la petición de la Guardia Civil y ordena a varias entidades bancarias que informen sobre cuentas asociadas a la Federación Regional del Metal, Construcción y Afines; UGT-Valencia; Confederación sindical de CCOO, y Federación Agroalimentaria.
De este modo, la juez atiende las peticiones realizadas al respecto por la Guardia Civil en un oficio del pasado 6 de febrero, en el que la Unidad Central Operativa (UCO) «pone de manifiesto que hasta el momento han podido acreditar que los sindicatos y sus entornos societarios habrían sido receptores de fondos públicos, indiciariamente como contraprestación por la labor desarrollada en los procesos de reestructuración de empresas, que habría permitido obtener altos beneficios a las mediadoras intervinientes».
