La juez Alaya que investiga el caso de los expedientes fraudulentos de regulación de empleo (ERE), estrecha el cerco e indaga sobre la cantidad «exacta» cobrada por los sindicatos UGT y CCOO y distintas federaciones vinculadas a ellos en relación a los fondos librados por la Junta de Andalucía para las ayudas sociolaborales que están siendo investigadas.
La magistrada ha dado un paso más y ha pedido información sobre las cuentas con las que operan siete federaciones de UGT y CC.OO. en Andalucía, extendiendo la investigación también al País Vasco. También ha solicitado documentación sobre productos contratados por familiares de Antonio Rivas, el exdelegado de la Consejería de Empleo en Sevilla, y del «conseguidor» Juan Lanzas.
La magistrada Mercedes Alaya argumenta que «se han detectado numerosos pagos de las mediadoras a los sindicatos, algunas veces directamente a las federaciones de los mismos, pero otras a través de empresas vinculadas a ellos», como son Atlantis Asesores, para CCOO, y ASP-Asesoramiento Seguros, ITG y Temiqui para UGT.
Por ello, «se hace necesario profundizar en el estudio del flujo del dinero, cuyo origen se encuentra en la Administración andaluza, y comprobar si las comisiones que se facturan con las empresas citadas revierten en las federaciones que supuestamente han participado en la consecución de las ayudas públicas».