El anteproyecto de Ley de Gallardón pendiente de informes en distintas organizaciones, se retocará antes de ser remitido al Consejo de Estado
El ministro Gallardón mantiene que no es necesario esperar al pronunciamiento del Tribunal Constitucional
La reforma de la ley del aborto ha abierto un fuerte debate en el seno del Partido Popular. Los múltiples informes solicitados por el Ejecutivo que encabeza Mariano Rajoy a distintas organizaciones -públicas, privadas, médicas, jurídicas, de mujeres e institucionales como el Consejo de Estado- para emitir sus posturas sobre la reforma que implica volver al período anterior a la ley de 1985, podrían ralentizar el debate parlamentario a lo largo de todo este año.
Con este esbozo de calendario, el Gobierno intentará sacar de la campaña electoral el enconado debate que ya ha suscitado, dentro y fuera del PP, la reforma presentada por Gallardón. Un cometido que sería prácticamente imposible si la misma se encontrara en plena discusión en el Congreso de los Diputados.
Dirigentes del Partido Popular han entendido el gesto de Rajoy, que ni siquiera defendió el texto en su última comparecencia en el Congreso de los Diputados la semana pasada, dejando solo al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. Ni el presidente del Ejecutivo, ni la vicepresidenta ni ningún ministro, al margen de su autor, se muestra dispuesto a defenderlo en sus términos actuales. Y, de hecho, desde el Gobierno, los pasos imprescindibles, previos a su remisión a las Cortes, se están ralentizando.
Quien sí tiene clara su postura es el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, quien ha llegado a defender en sede parlamentaria que no es necesario esperar al fallo del máximo intérprete de la Carta Magna.
El pasado marzo, Gallardón se mostró en contra de esa espera en una intervención en la Comisión de Justicia del Senado al afirmar que el Constitucional ya se ha pronunciado «hasta tres veces» al respecto sobre este asunto donde se dice que el artículo 15 de la Constitución protege también al concebido y que esta protección cuando entra en conflicto con los derechos de la mujer debe ser resuelta por el legislados y eso es lo que hacía la ley del 85 y lo que hace nuestro proyecto de ley”.
El ministro afirma que “la Constitución dice que no se puede legislar el aborto como un derecho de las mujeres y recuerda que otros países tienen otras Constituciones”, pero en España tenemos que legislar de acuerdo a nuestra Constitución.
La polémica que ha supuesto también en el seno de la Unión Europea ha pillado por sorpresa al Gobierno, con la principal resistencia de ministros franceses y en el Europarlamento, donde se ha pedido debatir el asunto de cara a las elecciones europeas, algo que tratará de evitar a toda costa el PP.
