Miguel Laparra, consejero de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra.
El consejero de Derechos Sociales, Miguel Laparra, ha dicho que una Fundación para la gestión de los servicios sociales públicos es la fórmula «más adecuada y viable» para garantizar la calidad necesaria en este ámbito, tras asegurar que «otras fórmulas utópicamente mejores no serían posibles en este momento»
«La gestión a través de la fundación sería la fórmula viable y adecuada para garantizar la calidad necesaria en estos servicios», ha manifestado esta tarde en comisión parlamentaria, donde comparecía a petición de PSN para informar sobre la decisión del Gobierno de crear una Fundación Navarra para la gestión de los servicios sociales públicos.
Tras explicar que «otras fórmulas utópicamente mejores no serían posibles en este momento», ha asegurado que esta no ha sido una decisión «precipitada ni improvisada», sino que deriva de un proceso «muy sopesado» en el que se ha invertido «un volumen importante de horas de trabajo» y que ha contado con una gran participación por parte de expertos en la materia.
«Entendemos que los servicios que ahora mismo se trata de publificar nunca debieron ser de gestión privada», ha trasladado el consejero, que ha matizado que se trata de devolver a la titularidad pública la gestión de los dos centros de Servicios Sociales existentes en Navarra, los dos Centros de Observación y Acogida (COA), y un centro de día de justicia juvenil, si bien este último no sería una auténtica publificación porque el servicio no existía previamente.
Según ha indicado, se ha apostado por este modelo porque «permite la posibilidad y el compromiso de subrogación del 100 % de las personas que ahora mismo están trabajando en las entidades afectadas», elemento que ha calificado como «positivo» porque «son profesionales cualificados y con experiencia».
En este sentido, ha afirmado que se mantendrán las actuales condiciones laborales «en todos sus términos».
Al existir diferencias entre las condiciones de unos empleados y de otros, el consejero ha explicado que el próximo año tendrá que desarrollarse un proceso de negociación con el fin de crear un convenio laboral propio para el conjunto de la fundación.
«Al tratarse de Servicios Sociales, entendemos que una fundación pública sin ánimo de lucro tiene más sentido que una empresa pública que sí podría incluir en su cartera de actividades aquellas de tipo mercantil o lucrativo», ha manifestado, tras añadir que esta opción garantizará «la máxima transparencia» y una responsabilidad pública «clara y absoluta» en cuanto a su gestión y sus resultados.
Tras anunciar que la fundación deberá presentar un informe anual como forma de rendición de cuentas ante el Parlamento, ha subrayado que el patronato de la misma estará conformado por miembros pertenecientes a la Administración de la Comunidad Foral, en su mayoría procedentes del departamento de Derechos Sociales, aunque también está prevista la inclusión de otros departamentos como Presidencia, Hacienda o Relaciones Institucionales.
El consejero ha anunciado que «no hay una previsión de continuar con más publificaciones a corto plazo en esta legislatura» y que «solo la valoración sosegada de esta experiencia permitirá abrir un debate informado sobre la posibilidad de otras actuaciones a futuro».
La socialista Nuria Medina ha considerado que sí es una decisión «precipitada», «improvisada» y de «mirada cortoplacista». «Se acaba la legislatura y tiene que satisfacer a determinados socios, ha metido el acelerador y ha decidido hacer esta fundación», ha criticado, tras apostar por la paralización de esta medida.
También la regionalista Maribel García Malo ha pedido al consejero «que recapacite» y «que no siga adelante» con la iniciativa, pues «no es una decisión que se adopte pensando en cómo mejorar la calidad de la atención», sino que es un «ataque directo al tercer sector».
La parlamentaria de Geroa Bai Isabel Aranburu ha trasladado el «apoyo claro» de la formación a la decisión del Gobierno, que ha calificado como «oportuna». Aunque no es la modalidad «óptima» para Geroa Bai a largo plazo, ha indicado que en estos momentos es la única posible.
También Asun Fernández de Garaialde ha mostrado cierto reparo ante la fórmula adoptada «por el oscurantismo que puede existir» en torno a las fundaciones, aunque introduciendo medidas de control sería un paso adelante. «Entre no hacer nada y avanzar en la publificación, hemos optado por esta segunda fórmula, proponiendo aumentar el control público sobre las fundaciones», ha subrayado.
Mikel Buil, de Podemos-Ahal Dugu ha considerado que es una iniciativa «que tiene potenciales positivos», aunque tampoco es la fórmula de la formación morada sino una «intermedia». «Ojalá la administración asumiera la responsabilidad de estos servicios de forma directa, pero en estos momentos, lamentablemente, esto es una utopía», ha remarcado.
La portavoz popular, Ana Beltrán, ha cuestionado «a quién pretenden contentar» con esta fundación «que se sacan de la manga», pues con esta propuesta, a su juicio, no se mejoran los servicios otorgados a los usuarios ni se satisface a las entidades sociales implicadas.
El portavoz de IE, José Miguel Nuin, ha trasladado su apoyo al proceso porque la formación es «favorable» a que los servicios sociales sean gestionados directamente por la administración, un hecho que no supone «tener nada en contra del tercer sector». EFE
