El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha anunciado este jueves que se obligará a todos los partidos a garantizar que sus militantes participen en la elección de sus órganos de dirección y, en caso de no hacerlo, esa fuerza política será extinguida. Rajoy ha incluido esta decisión en la serie de nuevas medidas que ha anunciado ante el pleno del Congreso para hacer más eficaz la lucha contra a corrupción.
Rajoy ha defendido personalmente en el Pleno del Congreso el plan de regeneración democrática que anunció en febrero de 2013 para mejorar la lucha contra la corrupción, una batería de iniciativas con las que el Ejecutivo quiere frenar la creciente desafección ciudadana que recogen las encuestas y recuperar el pulso político.
En su discurso inicial, el jefe del Ejecutivo ha anunciado varias «enmiendas de calado» que el Partido Popular va a registrar este mismo jueves a proyectos de ley que ya se están debatiendo en la Cámara Baja, como la de financiación de los partidos y el estatuto del cargo público.
Entre las principales novedades ha destacado que la ley obligue a suspender de militancia a los políticos que sean llevados a juicio oral por un juez, prohibir las donaciones particulares de más de 50.000 euros (el límite era de 100.000) y obligar a que los partidos tengan que notificar al Tribunal de Cuentas y públicamente en su página web las donaciones de más de 25.000 euros. Además, ha anunciado la creación de nuevas plazas de jueces y fiscales y la dotación de nuevos medios tecnológicos para mejorar la Justicia, que este mismo viernes aprobará el Consejo de Ministros.
Rajoy quiere también que la financiación ilegal de los partidos políticos se considere un delito a partir de ahora, agravar las penas por ello y aumentar los plazos de prescripción, para que puedan perseguirse en el tiempo.
El presidente del Gobierno ha prometido además que cada seis meses se enviará al Congreso de los Diputados un informe detallado sobre los indultos concedidos y rechazados y el ministro de Justicia tendrá que comparecer ante el Parlamento para dar explicaciones de ellos.
Rajoy ha cerrado su primera intervención con un llamamiento al consenso a todas las fuerzas políticas, aunque ha advertido de que no aceptará un «estancamiento» y si no hay acuerdo el PP aprobará los proyectos con su mayoría. «Estoy dispuesto a escuchar, a dialogar, a compartir… Estoy dispuesto a considerar toda clase de aportaciones que mejoren el proyecto, pero no debo aceptar ninguna forma de estancamiento», ha subrayado Rajoy, que ha expresado su deseo de contar con «el respaldo de un gran acuerdo.
Tras insistir en que los políticos y cargos públicos tienen el deber de ser ejemplares, Rajoy ha renovado su compromiso con los ciudadanos: «En lo que a mí respecta, los españoles saben que tienen mi compromiso permanente encima de la mesa». En su discurso, el presidente ha asegurado que «España no está corrompida, tiene algunos corruptos, que están saliendo a la luz, y el resto está sana», y ha rechazado así la existencia de una corrupción generalizada en el país.
En el pleno que debate los proyectos de ley con medidas anticorrupción, Rajoy ha recalcado que no hay que luchar contra «fantasmas», sino contra realidades y hechos objetivos, y que la corrupción generalizada no existe porque «ni España ni los españoles ni sus empresas y trabajadores están contaminados». «Si no pensara así no estaría aquí», porque parecería que «la corrupción sería invencible», ha argumentado el jefe del Ejecutivo, quien ha añadido que no está dispuesto a aceptar que la sospecha de corrupción recaiga sobre todos los políticos porque sería una «gravísima injusticia» y un error.
El jefe del Ejecutivo ha avisado de que «algunos empiezan generalizando la corrupción, culpan a todos los políticos y terminan señalando a todo el sistema. «Y a partir de ahí no queda espacio nada más que para los salvapatrias de escoba cuyo único programa político consiste en barrer con las consecuencias de todos conocidas», ha avisado, para pedir que no se utilice la corrupción como «coartada» para «desestabilizar» el sistema.
Rajoy ha dicho que «todo el mundo sabe que han aparecido corruptos en su partido». «He pedido perdón por ello», ha proclamado, para añadir que eso no es «nuevo» en la historia de la democracia española porque a la corrupción le trae sin cuidado «las ideas» o las «banderas».
Sin embargo, este debate se ha complicado para Rajoy tras la dimisión este miércoles de la ministra de Sanidad, Ana Mato, a quien el juez Pablo Ruz ha propuesto juzgar por haber disfrutado y haberse beneficiado de servicios turísticos y y regalos sufragados por la trama Gürtel. Además, en su auto, el juez da el paso para sentar en el banquillo a 43 personas, entre las que se encuentran los ex tesoreros del Partido Popular (PP) Luis Bárcenas, Álvaro Lapuerta y Ángel Sanchís.
Pese a que Mato ya no está sentada en el banco azul reservado al Gobierno, se prevé que este asunto marque buena parte del duelo parlamentario. Por lo pronto, el PSOE ha cargado duramente este miércoles contra el PP subrayando que esta formación durante todos estos años ha sido inseparable de Gürtel y ha recalcado que su ministra se ha «beneficiado de las actividades ilegales de la trama».
Fuentes socialistas han indicado que este nuevo episodio del caso Gürtel no cambia el discurso que pronunciará su secretario general, Pedro Sánchez, quien subrayará que este asunto deja en evidencia la inacción del Gobierno para luchar contra la corrupción y su falta de asunción de responsabilidades.
El propio Sánchez ya ha deslizado esa crítica durante la sesión de control en el Congreso. «Usted pide perdón por los casos de corrupción, pero no asume ninguna responsabilidad política», le ha espetado el líder de los socialistas al presidente del Gobierno.
Las leyes que desgranará Rajoy
Formalmente, el debate se centra en los dos proyectos de ley que registró el Gobierno el pasado mes de febrero y que hasta ahora no se quieren reactivar para aprobarlos en el Congreso antes de fin de año. Se trata de la Ley de control de la actividad económico-financiero de los partidos (que cambiar normas como las de Financiación y del Tribunal de Cuentas) y la relativa al ejercicio del Alto Cargo en la Administración General del Estado.
Esas leyes recogen novedades como que los partidos no podrán recibir donaciones de empresas y estará prohibido que los bancos condonen la deuda a las formaciones políticas. Además, los altos cargos deberán explicar su patrimonio antes y después de su paso por la política.
Lo extraordinario es que estas leyes, en vez de ser defendidas por un ministro, han sido presentadas ante el Congreso por el propio presidente del Gobierno, dando así respuesta a las exigencias de la oposición de celebrar un debate monográfico sobre la lucha contra la corrupción.
Rajoy sigue fiel al guión en el que ha venido trabajando. Así, ha desgranado las principales medidas anticorrupción de estos proyectos y también otras iniciativas anticorrupción como el control parlamentario del indulto o la mejora de la iniciativa legislativa popular, tal y como anunció el propio presidente del Gobierno hace dos semanas en Cáceres, durante un acto del PP sobre buen gobierno.
También avanzó entonces que el Gobierno implantará mecanismos que permitan recuperar las cantidades defraudadas en los casos de corrupción, así como la posibilidad de suspender automáticamente a todo cargo público hasta que se haga juicio oral.
Durante el debate parlamentario, el Gobierno se tendrá que enfrentar a las enmiendas de totalidad que han presentado a esos dos proyectos de ley los grupos de PSOE, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), UPyD y el BNG.
Después de varios meses de negociaciones entre Gobierno y oposición para alcanzar un consenso en torno a ambas leyes, los socialistas decidieron romper las conversaciones tras conocerse la imputación del ex secretario general del PP Ángel Acebes en el ‘caso Bárcenas’ y destaparse la ‘Operación Púnica’.
De hecho, los socialistas han presentado enmienda con texto alternativo con su propia batería de propuestas anticorrupción. Pedro Sánchez concede una gran importancia a este debate que lleva días preparando. Para terminar de perfilar su intervención, que tendrá un carácter «propositivo», Sánchez ha aplazado un acto que tenía este miércoles en Salamanca, según han informado fuentes socialistas.
