El Tribunal Constitucional ha anulado parte de la Ley de Consultas Populares de Cataluña, aprobada durante el gobierno del tripartito -PSC, ERC e ICV- en 2010, al considerar que cualquier norma que regule convocatorias de referéndum de ámbito autonómico es inconstitucional y, por tanto, nula.
El Tribunal ya declaró inconstitucional la Ley de Consultas aprobada por el Parlamento catalán en 2014, impulsada por la actual mayoría soberanista en la Cámara con el objetivo concreto de la convocatoria del referéndum de independencia.
