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La Audiencia Nacional abre una pieza separada económica para investigar los pagos de la presunta trama que buscaba desestabilizar los procedimientos judiciales relacionados con el PSOE y el Gobierno
Ordena investigar más de 80 cuentas bancarias de Ismael Oliver, Gaspar Zarrías, Jacobo Teijelo, sus empresas y el PSOE
El titular de la Plaza 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia, Santiago Pedraz, atiende así la petición de la Fiscalía Anticorrupción a raíz de un oficio presentado por la UCO
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado abrir una “pieza separada económica” para recabar determinada información bancaria en relación con los posibles pagos del partido Socialista efectuados por la trama investigada por supuestamente intentar desestabilizar los procedimientos judicial a la fontanera socialista Leire Diez que afectaban al PSOE y al Gobierno de Sánchez. En concreto, el magistrado pide información a 12 entidades bancarias de alrededor de 80 cuentas bancarias en las que figuran como intervinientes el PSOE de Pedro Sánchez y los investigados Ismael Oliver, Gaspar Zarrías y Jacobo Teijelo, entre otros.
En su auto, el titular de la Plaza 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia atiende así la petición de la Fiscalía Anticorrupción de abrir la pieza separada a raíz de un oficio presentado por la UCO.
En su resolución, el instructor ordena que los datos sensibles económicos recabados sean utilizados por la UCO para hacer un informe, pero “evitando que el traslado abierto y su integro volcado en las actuaciones permita su pública difusión (que se torna imposible de controlar)”. Además, una vez elaborado el oportuno informe, indica Pedraz, se procederá al expurgo de toda la documentación que se haya recabado y que resulte inútil para la instrucción de la causa. Una vez finalizado dicho expurgo podrá procederse a su íntegro volcado en las actuaciones. “Ninguna vulneración al derecho a la defensa de las partes puede suponer esta forma de proceder puesto que cada uno de los afectados por esta medida tienen perfecto conocimiento de la información de sus propias cuentas bancarias y podrá discutir el informe que se elabore por la UCO sin lesión alguna a su legítimo derecho a la defensa”, concluye.
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