Unai Hualde (Presidente del Parlamento de Navarra), Francisco Javier Enériz (Defensor del Pueblo de Navarra)
NAVARRA INFORMACIÓN.ES
El Presidente del Parlamento, Unai Hualde, ha recibido hoy en su despacho oficial a Francisco Javier Enériz, Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral, quien le ha hecho entrega formal del Informe Anual correspondiente al ejercicio 2020, un dossier que contempla 3.393 actuaciones, 505 más que en 2019, lo que supone un aumento del 17,5 %.
El Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra es la Institución que, por mandato del Parlamento, vela por el respeto y mejora de los derechos y libertades públicos de los ciudadanos, y con esta finalidad supervisa la actuación de todas las Administraciones Públicas de Navarra.
Es elegido por el Parlamento de Navarra para un periodo de seis años. Enériz lleva en el cargo 14 años desde que sustituyó en el cargo a María Jesús Aranda (defensora entre 2001-2007) .
La labor de supervisión desplegada en 2020 ha permitido hacer llegar a las Administraciones Públicas de Navarra 77 sugerencias (otras 27 de índole normativo), 226 recomendaciones y 77 recordatorios de deberes legales (en total 407 decisiones). Todo ello fruto de los 5.706 ciudadanos que se han dirigido a la institución para, entre otros, realizar 2.582 consultas y presentar 1.416 quejas (han gestionado 1.602, incluidas los pendientes de 2019), el 65,5% admitidas a trámite. Se han practicado 866 investigaciones, 839 de ellas con motivo de las quejas recibidas, 18 de oficio y 9 a propuestas ciudadanas.
Las diez materias en las que más quejas se han recibido han sido, por este orden, bienestar social (327), covid-19 (294), función pública (71), vivienda (68), acceso a un empleo público (63), tráfico y seguridad vial (56), educación (49), Hacienda (49), medio ambiente (49) y sanidad (49).
Por lo que se refiere a la primera de las materias, bienestar social, de las 327 quejas presentadas 249 tienen que ver con la protección de la infancia y la adolescencia y 22 con la protección de las familias, seguidas muy de cerca por las relacionadas con la renta garantizada (17) y, en menor medida, con los problemas que padecen las personas con discapacidad (11), sobre todo por disconformidad con el grado de discapacidad reconocido. La Fundación Navarra para la Tutela de las Personas Adultas, por el modo de gestionar la tutela de las personas incapacitadas (2) y la protección de las personas mayores de edad (3) y dependientes (4), son también objeto de quejas, al igual que la atención dispensada por los servicios sociales (4).
En segundo lugar se sitúan las quejas relacionadas con la pandemia causada por el coronavirus Sars-cov-2 (covid-19), con 294 quejas. Entre ellas, 35 quejas versaron sobre educación (entre otras, por considerar que no se habían adoptado suficientes medidas de prevención ante la covid-19 en la vuelta a los centros educativos en el curso 2020/2021, por considerar excesivas dichas medidas, porque no se habían adoptado medidas específicas para niños y niñas con factores de riesgo o sus familiares o por la implantación de jornada continua).
Además, 19 quejas mostraron su disconformidad con las sanciones impuestas por diferentes cuerpos policiales y hubo otras 6 por las actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Se presentaron 15 quejas sobre las limitaciones de derechos de circulación y reunión de personas, 18 se relacionaron con la atención sanitaria, y la suspensión de las visitas de familiares a residencias de personas mayores y las medidas adoptadas motivaron 10 quejas.
Cuestiones relacionadas con los Servicios Sociales (9), así como las relacionadas con las personas con discapacidad y tuteladas (4), menores de edad (9), y escuelas infantiles (39).
Las dificultades para obtener cita o ser atendido en las oficinas de la administración han generado diversas quejas (4 extranjería, 20 empleo, 12 Seguridad Social, 12 Hacienda Tributaria de Navarra).
En cuanto a las consultas (1.740), han predominado las de Covid-19, en concreto sobre sanciones impuestas a ciudadanos por infracciones graves de las restricciones de la movilidad. Las cuestiones laborales también fueron objeto de consulta, así como la preocupación que suscitó en materia educativa el retorno a las aulas tras el confinamiento y el periodo estival. Se plantearon varias consultas sobre el alcance de las limitaciones de los derechos de circulación y reunión de personas, y sobre la restricción de actividades de ocio y deportivas. En materia sanitaria, predominaron las consultas sobre la imposibilidad de contactar telefónicamente con los centros de salud, la falta de atención médica presencial y la falta de realización de test de detección. Los consumidores plantearon varias consultas sobre la cancelación de vuelos y viajes, la falta de adopción de medidas para poder volver a Navarra desde el extranjero o islas. Asimismo, varios ciudadanos formularon consultas respecto al régimen de visitas establecido en residencias de tercera edad y de discapacidad, considerando que era demasiado restrictivo y que repercutía gravemente en la salud de las personas usuarias.
En segundo lugar predominan las consultas en materia de bienestar social, en concreto sobre problemas relacionados con la pobreza y la exclusión social, donde se enmarcan cuestiones relacionadas con la renta garantizada, la protección de menores y la tutela por la Fundación Navarra para la Tutela de Personas Adultas.
En vivienda, se ha inquirido principalmente sobre las dificultades de acceso y, más en concreto, sobre los procesos de adjudicación de VPO, incluidas las ayudas, los defectos constructivos en origen y, ya con carácter general, los problemas de convivencia entre vecinos y la cédula de habitabilidad.
Asimismo, se formularon, por este orden de mayor a menor, consultas en las materias de: consumo, hacienda, justicia, educación, sanidad, medio ambiente, urbanismo función pública, seguridad social, seguridad ciudadana, servicios públicos, tráfico y seguridad vial, acceso a un empleo público, funcionamiento de entidades locales, extranjería, responsabilidad patrimonial, trabajo, agricultura y ganadería, bienes de las administraciones públicas, obras públicas, memoria histórica, euskera, transparencia, derecho de acceso a la información pública y participación ciudadana.
Por otra parte, se han recibido 9 propuestas ciudadanas de mejora (son ya 329 desde que se puso en marcha esta iniciativa en 2008), referidas a actuaciones en materia educativa (atender en las escuelas infantiles al alumnado con necesidades emocionales específicas, retrasar la fecha de cierre de los colegios en junio o la aprobación de un protocolo común para la reincorporación a los centros educativos), confinamiento (permitir la salida de personas de la tercera edad), salud (modernizar las técnicas quirúrgicas de reconstrucción de tejidos en caso de úlceras por presión), familias (equiparación de familias monoparentales a las familias numerosas). También han sido objeto de atención las oposiciones de acceso a puestos de Policía Municipal de Pamplona (incluir un baremos por grupos de edad), se ha propuesto, asimismo, la creación de una banca pública similar a la desaparecida CAN, y la colocación de vallas en una zona de esparcimiento canino de Mendillorri.
De las nueve propuestas presentadas, tres se consideraron directamente aceptadas por la administración, dos en vías de solución, tres se consideraron no aceptadas y otra dio lugar a una sugerencia del Defensor del Pueblo de Navarra (que el Centro de Recursos de Educación Especial de Navarra preste apoyo a las escuelas infantiles de 0-3 años, en relación con la atención del alumnado con necesidades emocionales específicas o cualificadas), que fue aceptada.
En cuanto a la valoración de la situación de la infancia y la adolescencia, los datos recabados ponen de manifiesto ‑de acuerdo con la tendencia de los últimos años‑ una mejora del sistema de protección de menores. Se han mejorado los programas y recursos preventivos de preservación familiar, se ha reformado el servicio de puntos de encuentro familiar, la intensificación de los programas de acompañamiento social y terapéutico en los procesos de acogimiento familiar y adopción nacional e internacional, y la ampliación y descentralización a nivel de Área de Servicios Sociales respecto de los programas especializados de intervención familiar.
El número de menores atendidos en 2020 asciende a 2.243. La cifra es inferior a la del año 2019 (2.411), pero significativamente superior a la de años anteriores (1.744 menores en 2018, 1.705 menores en 2017 y 1.446 menores en 2016). Se concluye que, extinguida la situación excepcional de llegada de menores que se dio en 2019, se ha apostado por integrar la atención a este colectivo en los recursos ordinarios del sistema de protección de menores.
En términos generales, se aprecian descensos en las cifras de declaraciones de menores en desamparo (197 frente a los 222 de 2019), tutelados (512/574) y en situación de guarda (1.081/1.301).
Durante el año 2020, la institución del Defensor del Pueblo de Navarra elaboró dos informes a instancias de entidades locales. Uno, a solicitud del Ayuntamiento de Améscoa Baja sobre la realización de grabaciones sonoras en plenos municipales. Otro, a solicitud del Ayuntamiento de Uterga, sobre la posible desafectación de terrenos comunales en el municipio para la instalación de parques solares.
Asimismo, el Defensor del Pueblo de Navarra compareció en el Parlamento de Navarra en tres ocasiones, la primera con motivo de una resolución emitida en relación con la queja Q19/606, presentada por varias personas beneficiarias del programa Becas Navarra frente al Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial, por la reclamación del reintegro de las cantidades económicas que les fueron concedidas. La segunda y la tercera fueron la exposición oral del resumen del informe anual correspondiente al año 2019 ante la Comisión de Régimen Foral y ante el Pleno del Parlamento de Navarra.
Por último, se hace constar que el Defensor del Pueblo participó en ocho sesiones del Consejo de Transparencia de Navarra y fue ponente de diez de los acuerdos adoptados por este órgano, concebido para garantizar el derecho de acceso a la información pública por parte de la ciudadanía, así como para velar por el cumplimiento de las obligaciones legales de publicidad activa en lo que atañe a las administraciones y entidades de Navarra.
