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Por dignidad

Más de dos millones de firmas de Más Plurales acaban de conseguir que la llamada Ley Celaá sea denunciada ante las instituciones de la UE. Una plataforma social, ciudadana, y representativa de todos y cada uno de los colectivos (como se dice ahora) a los que afecta esta ley.

Unas instituciones que deberían, ipso facto, paralizar dicha ley en el marco jurídico español. Una ley que prima la desigualdad y que no permite la libertad. Que se creó sin consenso y dentro del estado de alarma en el que seguimos inmersos. Con un rechazo histórico, también en la calle, antes de su aprobación.

La señora ministra de Educación debería dimitir. No se puede ser la máxima responsable del sistema educativo de un país y que más de dos millones de sus ciudadanos estén en contra.

La  ministra Celaá va a ser conocida como aquella que concitó un rechazo total a sus actuaciones por parte de todas las instituciones de todo un sector, el educativo, maltratado por su clase política.

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