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La operación ha sido realizada a instancias de la Fiscalía de Medioambiente y se ha desarrollado en Madrid, Cataluña y el País Vasco
La Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo ha abierto unas diligencias de investigación, en el marco de la ‘Operación Kigali’, en las que la Guardia Civil ha procedido a investigar a 68 personas vinculadas con 30 empresas en todo el territorio nacional por la emisión a la atmósfera de gas refrigerante en la inadecuada gestión de vehículos al final de su vida útil.
Según ha informado la Fiscalía General del Estado, las diligencias se han centrado en las comunidades de Madrid, Cataluña y País Vasco, cuyas autoridades han aportado los datos de que disponían.
Los sistemas de aire acondicionado de los vehículos a motor emplean fluidos refrigerantes para reducir la temperatura del habitáculo interior. Estas sustancias en función de su tipología y composición pueden ser perjudiciales y contribuir al calentamiento climático.
Como 76 millones de kilos de CO2
La investigación se ha centrado en la monitorización de la actividad de centros de tratamiento de vehículos al final de su vida útil, que en sus memorias habían declarado cantidades próximas a cero kilogramos de gas R134a recuperado y ha detectado emisiones equivalentes a más de 76 millones de kilogramos de CO2 a la atmósfera, lo que supone una emisión estimada de 800 millones de kilómetros recorridos por un vehículo.
A partir de ahora, técnicos de Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo cuantificarán el daño al medio ambiente producido por la emisión.
El efecto invernadero y el cambio climático
Los principales gases empleados históricamente para la refrigeración en automoción se pueden clasificar en los siguientes grupos: Gases CFCs, HFCs (entre los que se encuentra el R 134A) y HFO.
Al finalizar la vida útil de los vehículos equipados con sistemas de aire acondicionado que emplean estos gases, los fluidos refrigerantes contenidos en el interior de sus circuitos deben de ser recuperados y gestionados correctamente, según la legislación. Para ello el titular del vehículo está obligado a entregar su automóvil a un gestor autorizado y obtener documentación que acredite que la gestión de los residuos se efectuará de forma adecuada.
Los vehículos al final de su vida útil, contienen una cantidad importante de contaminantes y residuos peligrosos que se han de gestionar adecuadamente. En el caso de los fluidos de los circuitos refrigerantes, su incorrecta gestión conllevaría la emisión a la atmósfera de gases de efecto invernadero.
La operación ha sido desarrolla por agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona), con el apoyo de EUROPOL en el análisis de las comunicaciones y con el análisis estratégico de documentación para hallar posibles relaciones con el resto de países europeos, así como con la colaboración de las Comunidades Autónomas de Madrid, País Vasco y Cataluña, quienes han facilitado datos en relación a la documentación de las empresas investigadas.
