Mikel Aramburu, Consejero de Hacienda y Política Financiera
La Hacienda foral ha rebajado al 2,7 % (unos 17 millones de euros) el incumplimiento de Navarra en 2017 de la regla de gasto, frente al 3,2 % (30 millones) computados por el Estado, al que ha reclamado que subsane su «error» que «no afecta a la gestión ordinaria» de la Comunidad foral
Así lo ha asegurado en el Parlamento el consejero de Hacienda y Política Financiera, Mikel Aramburu, quien ha reconocido «discrepancias» con el Estado en el método de cómputo en dos conceptos que, de reconocerse a favor de Navarra, harían que la Comunidad foral fuese la undécima (y no la primera, como le atribuye la cifra estatal) que más se aleja del cumplimiento, establecido en el 2,1 %.
Con todo ello, Aramburu ha advertido de que ese incumplimiento, que se desvía a su entender un 0,6 % del límite establecido, «no veo que tenga ninguna repercusión» ya que esos 17 millones «no tienen efecto en absoluto en la capacidad económica de Navarra» y en su autonomía tributaria y financiera.
Ese incumplimiento «no afecta al Estado, ni afecta a la gestión ordinaria de Navarra porque cerramos el 2017 con superávit», ha subrayado el consejero, que se ha mostrado convencido de que en una reunión de la Comisión Coordinadora del Convenio «nos pondríamos de acuerdo» sobre esas discrepancias y sobre la metodología de cómputo.
También se ha mostrado «comprometido» con la Estabilidad presupuestaria y también con la regla de gasto, ha zanjado.
En el turno de los grupos, por el interpelante, UPN, Juan Luis Sánchez de Muniáin ha discrepado del consejero, al asegurar que el incumplimiento de la regla de gasto «tiene consecuencias, porque se nos limita la capacidad económica y perdemos capacidad de autogobierno al tener que ir a solicitar autorizaciones para realizar determinados gastos».
En la misma línea, Ana Beltrán (PPN) se ha mostrado «absolutamente firme en defender la regla de gasto y la estabilidad presupuestaria» como «instrumento eficaz de control», pero ha reconocido que puede haber una desviación «controlado», si bien en el caso de Navarra «es más grave cuando aquí se sangra a impuestos a los navarros y encima no tenemos control de gastos», por lo que es «inadecuado» que no se haya cumplido.
Por su parte, Ainhoa Unzu (PSN) ha derivado a la Comisión Coordinadora del Convenio el arreglo de cualquier discrepancia al respecto y ha avanzado que darán «por buenos» los acuerdo ahí tomados, si bien ha minimizado el incumplimiento den este caso por «no tener mayor relevancia».
Por el cuatripartito que apoya al Gobierno, Jokin Castiella (Geroa Bai) ha puesto en duda el método del Estado a la hora de computar los gastos de Navarra y ha coincidido en no considerar «excesiva» la variación del 2,7 %, de forma que, a su entender, «la gestión está siendo correcta».
Adolfo Araiz (Bildu), también ha «relativizado» el incumplimiento, porque un 0,6 % «carece de valor» y repite tendencias en la que han incurrido anteriores gobiernos de UPN, y también ha subrayado la «histórica discrepancia» entre Navarra y Estado sobre la metodología de cálculo.
También Laura Pérez (Podemos-Orain Bai) ha considerado que 17 «míseros millones» respecto de un presupuesto de 4.000 no son relevantes, al tiempo que ha criticado a UPN, PSN y PP por apoyar -aunque la portavoz socialista le ha recordado después que no lo hicieron- la Ley de Estabilidad Presupuestaria, por lo que les ha pedido «un poquito de honestidad».
Marisa de Simón (IE) ha dado «por buena» la valoración del consejero y ha señalado que esta desviación «no nos preocupa en absoluto» cuando «la prioridad son las personas», ha dicho para insistir en la necesidad de derogar tanto la Ley de Estabilidad Presupuestaria como la Regla de Gasto.
Durante el debate se ha producido un desencuentro entre Ana Beltrán (PPN) y Laura Pérez (Podemos-Orain Bai), cuando en un comentario a media voz la primera ha llamado «tonta» a la segunda, apelativo que ha pedido retirar «si se ha oído», ha excusado la popular. EFE
