Fachada del Tribunal Supremo, en Madrid. EFE/Archivo
Hace ya algunos años el que era entonces alcalde socialista de la andaluza Jerez, Pedro Pacheco, ante unas decisiones judiciales incomprensibles, dijo aquella famosa frase de que «la justicia es un cachondeo».
Ha pasado el tiempo y parece que todo sigue igual. Y no es para menos. Hoy, encontramos decisiones judiciales que pueden parecer incomprensibles. Eso sí, según el tamiz de quien lo mire. Ayer se conocía que una persona por robar un bocadillo podía ser condenada hasta tres años de cárcel, que el etarra Arnaldo Otegui tuvo un juicio «parcial» cuando fue condenado por organizar la antigua Batasuna o que serán los usuarios quienes tengan que pagar el impuesto de las hipotecas, no así los bancos.
Decisiones ciertamente difíciles de comprender y que hacen pensar en que la Justicia no es igual para todos, pese a estar viviendo en sociedades pretendidamente democráticas.
Tras días de deliberación y debates públicos y periodísticos, el Tribunal Supremo, por un ajustado 15 a 13, ha fallado que deberá ser el cliente quien pague el impuesto de las hipotecas y no el banco, según otra sentencia que daba la razón a un cliente que pedía que fuera la banca.
Un impuesto que varía según la comunidad autónoma que lo imponga y quien mande en ella. Un impuesto que no debería pagarlo ni el cliente ni la banca, un impuesto que debería ser suprimido por la administración o, en su caso, ser mínimo y común para todas. Porque se trata de la compra de una vivienda, derecho fundamental. Algo que el Alto Tribunal podría haber aclarado, ante la confusión publica y publicada.
De la Justicia se espera justicia e independencia política.
Lo más importante de la decisión que ayer tomó el Supremo es que acaba con la incertidumbre jurídica. La doctrina ya estaba clara, pero hace poco más de 15 días se cambió para hacer recaer sobre la banca la responsabilidad del impuesto, en un giro que muchos juristas atribuyeron al populismo.