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Macrooperación en decenas de municipios por corrupción en la gestión del tráfico

Un total de 580 policías se han desplegado hoy por decenas de ayuntamientos de toda España en una macrooperación contra el fraude en la adjudicación de contratos de gestión del tráfico y multas, en la que han sido detenidas decenas de personas, incluidos alcaldes, ediles, policías y empresarios.

Se trata de la operación Enredadera, desarrollada por la UDEF de la Policía Nacional, dirigida por el Juzgado de Instrucción número 2 de Badalona y por la Fiscalía Anticorrupción, y en ella ha sido arrestado, entre otros, el alcalde de Arroyomolinos, Carlos Ruipérez, primer regidor de Ciudadanos detenido por corrupción.

Fuentes policiales han detallado a Efe que se han realizado 33 detenciones en distintos municipios y 15 pasarán a disposición del juzgado badalonés que empezó las investigaciones.

Entre ellos, hay dos responsables de Aplicaciones Gespol, empresa epicentro de esta trama y que desde 2016 pertenece a Valoriza, del grupo Sacyr, que ha anunciado una investigación interna sobre lo ocurrido.

Otro juzgado de León investiga una pieza separada de esta trama en la que han sido arrestados el empresario leonés José Luis Ulibarri, relacionado con la trama Gürtel, y Sadat Maraña, asesor de Ciudadanos en la Diputación de León.

La UDEF también ha realizado 49 entradas y registros en ayuntamientos, despachos y sociedades y 19 requerimientos de documentación en municipios de al menos cinco comunidades.

Las detenciones, investigaciones y registros afectan a ayuntamientos gobernados por el PP, el PSOE y Ciudadanos y se investigan posibles delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios, revelación de secretos oficiales, malversación de caudales públicos, delitos contra la hacienda pública, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

Fuentes de la investigación han indicado a Efe que los hechos presuntamente delictivos se remontan a 2012 y 2013, cuando se amañaron los pliegos de los contratos municipales adjudicados a la empresa Aplicaciones Gespol, dedicada al mantenimiento informático para la gestión de infracciones de tráfico y seguridad vial.

Sin embargo, en casos como el de Torrelodones, fuentes municipales señalan que el contrato sospechoso se adjudicó en 2010, cuando aún gobernaba el PP.

Los investigadores sospechan que también se manipulaban los datos de tráfico y siniestralidad para justificar la colocación de radares donde no hacían falta, con finalidad puramente recaudatoria. La empresa pagaba supuestamente comisiones a los cargos públicos y también a los policías locales.

Además de manipular los contratos para que Gespol fuera la beneficiaria de la instalación de los radares, las fuentes consultadas han indicado que otra de las operativas usadas era inflar el precio de estos contratos de manera desproporcionada.

El listado de municipios afectados es muy amplio e incluye varias capitales de provincia, con registros en los ayuntamientos de Huesca, Lleida, Oviedo, León, Palencia o Teruel.

También en Alcobendas, Arroyomolinos, Fuenlabrada, Majadahonda, Villanueva de la Cañada, Pinto, Parla y Torrelodones (Madrid); Tiana y Mollet del Vallés (Barcelona); Plasencia (Cáceres); Illescas (Toledo); San Andrés del Rabanedo y Villaquilambre (León) y Vélez Málaga.

Además, por orden del juzgado, la Policía ha requerido documentación a Diputación de Alicante y a los ayuntamientos de capitales como Vitoria o Logroño.

También en municipios como Mataró, Montgat, Pineda del Mar, Premiá de Mar y Rubí (Barcelona); Aldea del Fresno, Brunete, El Escorial, Galapagar, Manzanares el Real y Valdemorillo (Madrid), La Cistérniga (Valladolid), El Puig y Gandía (Valencia), O’Grove (Pontevedra) y Sant Vicent del Rapeig (Alicante). EFE

El empresario Ulibarri y un asesor de Ciudadanos entre los detenidos por la UDEF

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