Miguel Cornejo
Este artículo podía haberse titulado “La tropa en su laberinto”, pero siempre he sentido debilidad por aquel soldado romano de Astérix obligado a ir donde nunca pensó. Y le quita hierro a un asunto bastante serio, que afecta de cerca a una comunidad en la que sólo en el cuartel de Aizoáin tenemos casi medio millar de efectivos acuartelados, parte de nuestra sociedad e incluso empadronados en Berrioplano.
El Regimiento América 66 hace lo que puede para formar parte de la sociedad, con su día de actividades en la Ciudadela, o sus guías para senderistas sobre casamatas y búnkeres en los montes de Navarra. Otros, como la Unidad Militar de Emergencia, han salvado las castañas al Gobierno de Navarra en más de una ocasión reciente.
Pero el Ejército no siempre es bien recibido. Ahí tenemos al Ayuntamiento de Pamplona, entre otros, que encuentra imposible participar en salones y eventos en los que el Ejército tenga también su stand. El Ejército sigue siendo, para muchos, un blanco aceptable. Los abertzales de Geroa y Bildu no es que no hayan asumido su papel en la España constitucional, es que no les gusta España, y el Ejército es uno de sus garantes.
Los abertzales no son los únicos que no acaban de asumir el papel moderno de las Fuerzas Armadas. Ni los políticos ni algunos militares han dado aún los pasos necesarios para que este colectivo pueda funcionar como es debido. Algo que a veces acaba en situaciones límite (el número de suicidios en las FFAA es inaceptable), y con frecuencia en otras que deberían evitarse.
Cada profesional afectado tendrá sus prioridades, pero desde aquí se ven principalmente dos. La primera es el cumplimiento de las promesas hechas. Todos hemos visto esos anuncios en los que las Fuerzas Armadas prometen no sólo “ver mundo” sino también aprender una profesión que será útil tras abandonar el ejército. Esto se debe a que, con el diseño actual (que iba a ser temporal cuando se acabó la “mili” obligatoria) gran parte de los efectivos son “jubilados” a los 45 años forzosamente. Se les pone en la calle, con una especie de minipensión, y se espera que sean capaces de ganarse la vida con esas profesiones que han aprendido. Para ello se supone que hay un reconocimiento (títulos homologados) así como una bolsa de trabajo (SAPROMIL o “salidas para profesionales militares”) y una serie de convenios con instituciones publicas, asociaciones empresariales y terceros para favorecer la “segunda carrera” dentro de otras partes de la Administración, o en cualquier otro lugar con menos exigencias físicas.
La realidad es que esas titulaciones ya no se están dando, ni se registra siempre adecuadamente la experiencia correspondiente, con lo que un conductor, o un técnico de mantenimiento, o cualquier otra especialidad, no puede justificar esa cualificación ante un posible empleador civil.
En cuanto a SAPROMIL, hay dudas. Tantas que un diputado de Ciudadanos, Francisco Javier Cano Leal, ha tenido que presentar dos preguntas en el Congreso el 23 de Marzo de 2018 para verificar que el Ministerio sabe realmente cuántos convenios hay, cuántos se firmaron en 2017, cómo es el nuevo Plan de Orientación Profesional, y qué resultados están teniendo. Porque lo que es seguro es que no cubren las expectativas de la tropa.
Todo esto suena a “asunto de Madrid” hasta que nos paramos a pensar que son varios cientos de conciudadanos nuestros, que su desempleo es coste local, que la educación es una competencia autonómica, y que el diseño y ejecución de convenios para la contratación de personal militar por la administración foral y local es también una competencia en la que Navarra tiene mucho que decir y hacer. Dicho de otro modo, hablamos de un problema que no se puede solucionar sin colaborar con el Ministerio, pero que requiere que lo haga la Comunidad. Una Comunidad, preferiblemente, no cegada por prejuicios abertzales.
En este sentido, el Parlamento de La Rioja aprobó ya el año pasado por unanimidad una PNL de Ciudadanos (realizada a petición de una de las asociaciones militares) que recoge lo que una Comunidad puede hacer por sus militares. Algo que no está fuera de nuestro alcance, ni de nuestras competencias, en Navarra.
La segunda prioridad es poner orden en los derechos sociales de la tropa. El 21 Diciembre 2017 Ciudadanos presentó también, en el Congreso de los Diputados, una Proposición No de Ley para que el Gobierno desarrolle (incluyendo normas y medios) lo previsto en el artículo 35 de la Ley Orgánica 9/2011 de 27 de abril sobre derechos y deberes de las Fuerzas Armadas, y en concreto sobre sus Asociaciones Profesionales, la versión limitada de sindicalismo que se permite a sus miembros. Porque a estas decenas de miles de empleados públicos no se les permite sindicarse. Y tampoco (de ahí la PNL) el desarrollo previsto de sus asociaciones.
Si en cualquier organización es importante contar con un contrapeso que limite el poder de dirección o propiedad sobre los trabajadores, mucho más en un contexto como el militar, donde hasta la Justicia es diferente y la autoridad de mando sobre tropa es mucho más seria (la disciplina militar da opciones que no se tiene en las empresas).
Por eso no es de recibo que sigan apareciendo casos de presunto abuso, acoso y acciones ilegales como las denunciadas contra personas próximas o incluso delegados de las Asociaciones en Murcia o más recientemente en Navarra.
En resumen, por mucho que a alguna izquierda todo lo que lleve botas le suene a Franco (a menos que lleve gorra bolivariana) y a Geroa y Bildu todo lo que lleve bandera española le suene mal por definición, el Ejército tiene un papel esencial en la seguridad y la cooperación españolas, en democracia y bajo la Constitución. Unas Fuerzas Armadas efectivas, bien integradas, y con toda la protección de sus derechos que se merecen, es algo que también nos merecemos todos. Y desde Navarra se puede ayudar.
Miguel Cornejo, (@miguelcornejoSE) es economista y responsable de Asociaciones y Entidades en Ciudadanos Navarra.
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