Partido Popular, PSOE y Ciudadanos se unen y expresan su rechazo a la celebración el próximo 1 octubre de un referéndum sobre la independencia de Cataluña
La mayoría del Congreso, gracias a la posición común del PP, PSOE y Ciudadanos, ha expresado hoy su rechazo a la celebración, el próximo 1 octubre, de un referéndum sobre la independencia de Cataluña y ha reprobado las invitaciones al diálogo del Govern porque no son tales y buscan la «fractura».
Ese rechazo se verá mañana cuando se vote la moción que el PDeCAT, el partido del presidente catalán, Carles Puigdemont, ha llevado hoy a debate en el pleno del Congreso. Moción que pide a la Cámara respeto a la consulta del 1 de octubre, la fecha establecida por la Generalitat para hacerla, aunque el Gobierno de Mariano Rajoy ha destacado que no tendrá lugar por cuanto es ilegal.
Precisamente Puigdemont ha enviado una carta a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, en la que pide ir a la Cámara a debatir su propuesta con los grupos parlamentarios, aunque pide también que ésta no se vote. El PP, por medio de José Antonio Bermúdez de Castro, ha considerado esta última exigencia «una falta de respeto» al Congreso, así como «una imposición» más en el «desafío soberanista» en el que se ha embarcado la Generalitat con la única finalidad de romper «la legalidad y la convivencia». De hecho, a tenor de lo que han manifestado hoy los grupos, si esa propuesta se votara, ganaría el «no». Porque PP, PSOE y Cs han coincidido hoy en el rechazo a la misma y en ocasiones han dado argumentos similares.
Así, Bermúdez de Castro ha reprochado la pretensión de negociar los términos de un referéndum que «saben que es ilegal» y no ampara ni el derecho nacional ni el internacional. También ha criticado al PSOE por «la ocurrencia» de identificar España con «una nación de naciones», algo que ha achacado al «cálculo político» del nuevo secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez. En cualquier caso, le resulta «una ocurrencia tan poco medida como poco responsable, artificial y falaz». Lo que ve el PP en los planes de Puigdemont es el final del Estado de Derecho, y por ello, ha sentenciado: «No hay libertad ni democracia sin respeto a la ley».
En este argumento ha coincidido la diputada socialista Meritxell Batet, cuya intervención ha sido muy aplaudida por la bancada del PSOE. De la moción del PDeCAT ha defendido dos puntos: la petición de convocar la Junta de Seguridad entre las administraciones estatal y catalana y la convocatoria de 500 plazas para nutrir la plantilla de los Mossos, en vez de las 50 que defiende el Ministerio de Hacienda. Ha pedido acuerdo en los dos.
Pero el resto de su intervención ha expuesto argumentos en contra de la consulta, con la que los partidos catalanes que la promueven no quieren ni diálogo ni democracia, según sus palabras. Al contrario: «Lo único que están deseando es que haya fuerza y violencia» para cortar las vías hacia la independencia, pues es «lo único que en estos momentos» podría legitimar las posiciones de PDeCAT, ERC o CUP.
Opuesto frontalmente al referéndum está también Ciudadanos, cuyo secretario general, José Manuel Villegas, que se ha referido siempre al PDeCAT como «Convergència» (su antiguo nombre), ha acusado a esta formación de «liarse la estelada en la cabeza y embarcarse en un viaje a ninguna parte» únicamente para tapar su «corrupción, los recortes y la mala gestión» y llevar a Cataluña a la «fractura».
Unidos Podemos, a través del portavoz de En Comù Podem, Xavi Domènech, ha criticado el contenido de la moción del PDeCAT por ser «una contradicción» en sí misma, pero no el trasfondo de la misma, y así, ha señalado que «la solución está en la plurinacionalidad y en el derecho a decidir». El defensor de la propuesta para pedir respeto al referéndum, el diputado del PDeCAT Jordi Xuclá, ha lamentado las posiciones de los partidos de ámbito nacional, ya que están hechas para su «autoconsumo y para animar a las propias filas». Las críticas más precisas las ha dirigido al Gobierno del PP, primero por su llamada «operación diálogo» y por su «visión unitaria» del Estado (que ha atribuido también al «fiel escudero» de Ciudadanos), y después por la actual utilización partidista de las instituciones.
El portavoz de ERC, Joan Tardá, ha dejado claro que la consulta del 1 de octubre se hará realidad a pesar de las inhabilitaciones, multas, embargos y penas de cárcel que puedan producirse. Ha sido tajante contra el Gobierno, pero se ha detenido más en la nueva posición del PSOE de Sánchez a favor de la nación cultural, cosechada en seis meses. «Seis meses; dejen ya de ofender. ¿No os da vergüenza insultar así a una nación milenaria?», ha dicho Tardá dirigiéndose a los diputados socialistas. Batet ha replicado después: «¿Quiénes son ustedes para separar a los catalanes en buenos y malos? ¿Quiénes son ustedes para crear esa fractura social?».
Mañana tendrá lugar la votación. Al apoyo del PDeCAT y de ERC se unirá el del PNV. EFE
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