La inhabilitación de dos años para ocupar un cargo público, a la que acaba de ser sentenciado el nacionalista Arturo Mas, supone el menor de los males a los que podía haber sido condenado el que fue Presidente del gobierno catalán.
Si la situación fuera normal, el señor Más debería haber cavado su tumba política, puesto que un político condenado dejaría de ser un referente para sus votantes, pero la situación del momento actual dista mucho de alcanzar un mínimo grado de normalidad.
El nacionalismo catalán está muy lejos aún de una obediencia efectiva de las leyes, puesto que sigue, continúa, con su desafío soberanista. Sus declaraciones, un día sí y otro también, muestran el desacato que se mantiene hacia las leyes de un país, al que se dice no querer pertenecer y del que querer separar.
Buena muestra de ello son las declaraciones efectuadas por el actual presidente del gobierno catalán, señor Puigdemont, nada más conocida la sentencia. Declaraciones en las que lanzaba el dardo de que el señor Más sería rehabilitado por el nacionalismo catalán, el día del referéndum definitivo, por el que Cataluña proclamaría su independencia.
El gobierno del señor Rajoy, no debería consentir, ni un minuto más, las continuas afrentas con las que obsequia el gobierno independentista catalán al resto de los españoles. Cuando se comprueba que, pese a un continuo apelamiento a las leyes propias, hay un continuo desacato y desprecio hacia ellas, no quedan muchas más soluciones. Simplemente hacer cumplir y aplicar la ley y el ordenamiento constitucional.
El ordenamiento jurídico y constitucional español tiene las armas suficientes para terminar con el independentismo catalán. Bastaría con aplicar el articulo 155 para que todo terminara, por ejemplo.
