El portavoz de Democracia i Llibertat (DiL), Francesc Homs
El pasado enero conocíamos que el fiscal enviaba al Supremo el escrito de acusación en el que pedía abrir juicio oral por la consulta del 9 N contra el diputado y exconsejero de Presidencia del Gobierno de Cataluña, Francesc Homs, y la inhabilitación para ejercer cargo público durante nueve años por prevaricar y desobedecer al Tribunal Constitucional. Una petición para la que el Supremo, en tan sólo 9 días, abrió la causa y ya ha comenzado el juicio. Eso sí, con la pertinente denuncia de Homs, ante la Fiscalía, a Mariano Rajoy por su presunta desobediencia respecto a sentencias del Tribunal Constitucional.
De nuevo en 9 días se dicta fecha de juicio para Homs, pero sin la comparecencia de Rajoy. Llama la atención la rapidez en los hechos y decisiones judiciales.
En sus declaraciones del exconsejero catalán, a pesar que Rajoy no acudiera a declarar, defiende que «fue un proceso participativo y no una consulta» y la prohibición del Tribunal Constitucional “no fue clara”. A lo que añadió que si es condenado será el fin del Estado español.
La sorprendente respuesta de Rajoy fue inmediata para aclarar que todo está dentro de la “normalidad”, que sus palabras las pronunció “sin pensarlo demasiado” y que España goza “de muy buena salud”.
En un ambiente de «diálogo» y de «ilegalidad», la perplejidad es asombrosa. Homs declara sin Rajoy, pero las declaraciones realizadas por ambos, uno en el juicio y otro en los medios, parecen ir dirigida rumbo a la ansiada legalidad.
