La independencia del poder judicial es un hecho que es defendido por una gran parte de la clase política de este país. Asistimos estos días a un incumplimiento flagrante de esta realidad.
Casos son muchos los que demuestran esta realidad. Desde el caso de los EREs andaluces, hasta lo que está sucediendo con la llamada trama Púnica, por la que el presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, está siendo investigado, pasando por la Gürtel o el juicio del Caso Nóos. Las injerencias políticas contra las fiscales del caso Púnica parece estén a la orden del día. Resulta preocupante que hasta el propio Ministro de Justicia, señor Catalá, se atreva a opinar sobre ello.
El Consejo Fiscal, órgano que agrupa a 11 vocales junto al fiscal general del Estado, Jose Manuel Maza, abordó las declaraciones de responsables políticos, “particularmente del ministro de Justicia” sobre la Púnica. Los vocales del Consejo Fiscal lamentan la “injerencia”de Rafael Catalá y de dirigentes populares como -aunque no lo mencionan expresamente- Rafael Hernando. El primero consideró que las fiscales tenían” un problema”porque sus jefes no habían secundado su propuesta de pedir la imputación del presidente murciano, Pedro Antonio Sánchez. El segundo llegó a sugerir que las fiscales se «inventan delitos».
El fiscal sustituido de Murcia denuncia “intimidaciones” y “desprotección” de quienes combaten la corrupción e, incluso, el fiscal del caso Nóos, Pedro Horrach, han denunciado amenazas e injerencias en su labor profesional. Todavía se recuerda el ataque público que recibía y aún recibe, pese haber sido relevada de la instrucción del caso ERE, la juez Mercedes Alaya, por buena parte de los estamentos de la Junta de Andalucía.
La Justicia en este país sigue estando, por tanto, en la picota de la opinión pública, que ve cómo sus decisiones son puestas en duda por la clase política e incluso y, quizás, esto sea lo más grave, se intenta influir en las decisiones antes de que estas sean determinadas.
Una vez más, la opinión pública y los ciudadanos de este país asiste, asombrados a uno de los grandes fallos de esta llamada democracia española, cual es la falta de independencia del poder judicial, uno de los considerados pilares más importantes de un Estado de Derecho, junto con el poder ejecutivo y legislativo.
La creencia de la existencia de una justicia parcial, que beneficia a los poderosos y perjudica al resto, estaría siendo demostrada con estos hechos.
