El Gobierno asegura tener todo previsto para responder a la posible convocatoria de un referéndum ilegal en Cataluña, que implicaría recurrir al Tribunal Constitucional y, si es necesario, adoptar medidas coercitivas como impedir que se abran los colegios en los que se colocaran las urnas para esa consulta.
Ante la posibilidad de convocar ese referéndum, el Ejecutivo ha reiterado hoy que no es posible celebrarlo.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en declaraciones a los periodistas en el Congreso, ha considerado «absurdo» que los dirigentes políticos independentistas catalanes digan que se va a celebrar ese referéndum.
Por su parte, el ministro de Justicia, Rafael Catalá,ha subrayado que todo el mundo debe tener muy claro que nadie puede actuar sin respetar las leyes y la Constitución, «y nos encargaremos -ha asegurado- de que así sea».
Y la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en respuesta a una pregunta del portavoz de ERC, Joan Tardá, ante el pleno del Congreso ha esgrimido la Constitución frente al referéndum «ilegal» que pretenden los partidos soberanistas y ha dicho que ese texto ampara la democracia y «pone freno a los abusos de los gobernantes».
Fuentes del Gobierno han explicado que la actitud del Ejecutivo ante las pretensiones independentistas es muestra de la «decepción y preocupación» por la falta de gestos de las instituciones y partidos soberanistas catalanes a la oferta de dialogo que han estado planteándoles.
La siguen planeando, y si finalmente se concretara una reunión en el Palacio de la Moncloa entre Rajoy y el presidente de la Generaltat, Carles Puigdemont, el jefe del Gobierno la reiteraría.
Pero ello no es óbice para que el Gobierno esté preparado y dispuesto a utilizar todos los mecanismos que le otorgan la ley y la Constitución.
Es en ese contexto en el que las fuentes gubernamentales aseguran que una convocatoria de referéndum sería respondida de inmediato con un recurso ante el Tribunal Constitucional.
Pero afirman que si se considerara necesario no puede descartarse que se adoptaran medidas coercitivas que impidieran la apertura de los colegios en los que se tuviera intención de llevar a cabo la consulta.
La Constitución Española no sólo dispone de la suspensión inmediata de la autonomía secesionista aplicando el 155, también prevé que el gobierno pueda declarar estado de alarma con todas sus consecuencias.
Los españoles no tenemos igualdad de derechos y deberes por culpa de las Autonomías. Y además se está vulnerando la libre circulación de personas porque se están usando las lenguas oficiales aprobadas en los diferentes Estatutos de Autonomía para impedir que los españoles puedan acceder a las plazas de las Administraciones Públicas de determinadas Autonomías o que puedan pedir traslados los Trabajadores de las Administraciones a dichas Autonomías. Por tanto está claro que la única solución es empezar a recuperar las competencias fundamentales del Estado.