El gobierno de Navarra no ha querido satisfacer la totalidad de la cantidad que le correspondía abonar al gobierno central por los servicios que, desde el Estado, se prestan en esta comunidad (Delegación del gobierno, seguridad social, INEM, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado…), aduciendo que la cifra que se le reclamaba por parte del ministerio del señor Montoro, era mayor que la que según sus cálculos debía corresponderle. Dicha cantidad -en millones de euros- es la que aquí en Navarra se conoce como Cupo o Convenio Económico.
El Convenio Económico navarro es fruto del pacto que, desde la Diputación Foral, hoy Gobierno de Navarra, se alcanzó en la Ley Paccionada de 1841, en la ley de Amejoramiento del Fuero de 1982 e incluso del Fuero General navarro cuando se produjo en 1512 la incorporación de Navarra a Castilla.
Las cantidades estipuladas como pago por servicios prestados del Estado en Navarra, se calculan con base a criterios demográficos y económicos y para un periodo de cinco años, por lo que no parece de recibo que de forma unilateral, sin negociación y sin pacto, una de las partes rompa el acuerdo existente y decida hacer de “su capa un sayo”.
Los navarros siempre han negociado ante el gobierno central todo lo concerniente a Navarra y los sucesivos gobiernos a lo largo de la historia así lo han entendido. No parece que a Navarra le haya ido mal con ello. Basta con echar un vistazo a sus indicadores de bienestar, para darse cuenta de esta aseveración.
Cuando un gobierno no cree en el sistema institucional por el que gobierna, porque está pensando mas en la integración de dicho sistema en otro de otra comunidad, no parece importarle que el convenio económico existente pueda “saltar por los aires”, con las consecuencias que de ello pudieran derivarse.
Los ciudadanos no se merecen gobiernoS irresponsables que anteponen sus intereses políticos a los legítimos de sus ciudadanos.
