Más de trece años después del accidente del Yak-42, el Consejo de Estado ha admitido la responsabilidad patrimonial del Ministerio de Defensa, entonces encabezado por Federico Trillo, en la tragedia. Es la primera vez que un organismo reconoce oficialmente la responsabilidad compartida del Estado en el accidente que se cobró la vida de 62 militares españoles, que fallecieron cuando el avión en el que viajaban de regreso de una misión en Afganistán colisionó contra una montaña.
Aunque el dictamen, cuyo contenido avanza hoy El País, rechaza indemnizar a las víctimas, establece una importante salvedad con respecto a las sentencias judiciales emitidas anteriormente: el Ministerio de Defensa pudo haber evitado el accidente.
El vuelo 4230 de UM Airlines se estrelló en Turquía cerca del aeropuerto de Trebisonda el 26 de mayo de 2003 con 75 personas a bordo. El pasaje lo formaban 62 militares españoles, que regresaban a España tras cuatro meses y medio de misión en Afganistán y Kirguistán; todos ellos fallecieron junto a doce tripulantes ucranianos y un ciudadano bielorruso.1
Este accidente aéreo fue la peor tragedia del Ejército español en toda su historia en tiempo de paz. La conmoción en España fue tal, que el funeral de Estado en Torrejón de Ardoz, dos días después del siniestro, con la presencia de los reyes y el príncipe de Asturias, y retransmitido en directo por las cadenas de televisión de ámbito nacional, se convirtió en el espacio más visto de la tarde desde hacía varios años. El Gobierno español publicó un Real Decreto en el BOE por el que se «declara luto oficial desde las 00 horas del día 28 hasta las 24 horas del día 29, del presente mes de mayo, durante las cuales la Bandera Nacional ondeará a media asta en todos los edificios públicos y buques de la Armada». Este duelo oficial durante dos días fue declarado como «testimonio del dolor de la Nación española ante el fallecimiento de sesenta y dos militares españoles, en accidente aéreo ocurrido a su regreso de la misión de paz desarrollada en Afganistán, a propuesta del presidente del Gobierno».2 Se han abierto seis procesos judiciales a raíz de la tragedia, cuatro en España y dos en Turquía. NAVARRA INFORMACIÓN
