La reforma del proceso penal para que el fiscal asuma la dirección de las investigaciones, un objetivo del gobierno, que aparece como propuesta estrella en la hoja de ruta del ministro de Justicia, Rafael Catalá
La idea no es nueva, como atestiguan los borradores redactados durante los mandatos de Francisco Caamaño (PSOE) y Alberto Ruiz-Gallardón (PP), pero en ambos casos acabaron en cajones del Ministerio y en esta ocasión existe la determinación de que no sea así.
Lo que se pretende es que el peso de la investigación en los períodos de instrucción recaiga en el fiscal y no en el juez, que asumiría una función garantista para velar por el cumplimiento de los derechos fundamentales y resolvería finalmente sobre si procede o no llegar a juicio.
Es el modelo que se aplica en el resto de Europa, por el que luchan las asociaciones de fiscales desde hace años y que ahora ha recibido el respaldo del ministro de Justicia, del presidente del Consejo General del Poder Judicial y del fiscal general del Estado.
