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El Pleno del Parlamento ha aprobado hoy, con los votos a favor de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e I-E y los votos en contra de UPN, PSN y PPN, la Ley Foral reguladora del Plan de Inversiones Locales 2017-2019 (PIL) que cuenta con una dotación de 100 millones
De los 100 millones, 40 pasan a distribuirse el primer año, 20 el segundo y otros 40 el tercero. A partir de la aprobación por el cuatripartito que sustenta al gobierno de Navarra, entrará en vigor el próximo 1 de enero.
El Fondo de Haciendas Locales es el de financiación del Gobierno de Navarra a los ayuntamientos y concejos sus gastos corrientes (personal, oficinas, suministros…). Mientras que las inversiones (implantación, mejora y renovación de infraestructuras y dotaciones), son cofinanciadas a través del Plan de Inversiones Locales, sucesivamente prorrogado desde que el Parlamento validara, por última vez el 22 de diciembre de 2015, el correspondiente al período 2009-12.
Los ayuntamientos y concejos con remanentes negativos deberán destinar las cantidades percibidas en concepto de Libre Determinación a financiar el saldo negativo del ejercicio anterior.
El Programa de inversiones, cuenta con 34 millones, destinado a actuaciones de abastecimiento de agua en alta (20,4 millones), tratamiento de residuos urbanos (9,5) e infraestructuras pasivas destinadas al despliegue de redes de acceso de banda ancha de nueva generación (4 millones).
El Programación Local, cuenta con 43 millones, valorada “conforme a criterios técnicos y de justicia retributiva”. A su vez, se introducen principios de “interés social”, con el fin de “favorecer la adaptación de infraestructuras y dotaciones a las necesidades de las personas acogidas a la legislación sobre dependencia, discapacidad o problemas de movilidad, así como del alumnado de enseñanza obligatoria”.
No se incluirán obras de renovación o reparación de infraestructuras con menos de 15 años de antigüedad, salvo que se trate de dotaciones municipales, “cuando sea preciso adaptarlas a la normativa en vigor”, o construcciones relativamente recientes, para su adecuación a personas con discapacidad.
Asimismo, se introduce una nueva línea de inversión, por valor de 1,2 millones (0,6 el primer año, 0,4 en 2018 y 0,2 en 2019), para la urbanización de parcelas de uso sanitario o docente, subvencionables al 70% (con derecho a deducción del IVA) o al 85% (sin devengo del IVA). La aportación económica máxima no podrá exceder de 100.000 euros por entidad local.
Se prevé financiación para redes locales de abastecimiento, saneamiento y pluviales (11,26 millones), pavimentación de calles con redes (13,54) y sin redes (1,6), alumbrado público (5), mejora y adaptación de edificios públicos (6,6) y arreglo de caminos a núcleos habitados (5 millones). Para ello, se tendrá en cuenta la cifra oficial de población a 1 de enero de 2015 de la entidad local titular de la competencia correspondiente.
El Programa de Inversiones como de Programación Local, se podrá reservar hasta un 5% de la cuantía total estipulada a la atención de solicitudes calificadas de emergencia (incluidas sus inversiones complementarias) o a inversiones que precisen de financiación en régimen excepcional. Además la Ley sube del 40 al 50% el abono vinculado al inicio de la obra, dejando el 20% para la mitad y el resto al finalizar los trabajos.
Para actuaciones inversoras a definir libremente por las entidades locales beneficiarias, se reservan 23 millones, 17 para localidades de menos de 3.000 habitantes.
