Uxue Barkos, y el portavoz del grupo parlamentario de UPN, Javier Esparza. (EFE)
La presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos, ha afirmado hoy que confía «plenamente» en los agentes y mandos de la Policía Foral, tras la dimisión el pasado día 2 de treinta comisarios e inspectores en protesta por el nuevo régimen de retribuciones y horarios derivado de la Ley Foral de Policías.
La consejera de Presidencia, Justicia, Función Pública e Interior, María José Beaumont, que ha acompañado a la presidenta en su comparecencia parlamentaria, ha precisado que el 1 de octubre, cuando entre en vigor la ley, se aplicará la bajada salarial, pero no en la cuantía que se ha publicado en los medios, ni a tantos policías como se ha afirmado.
Barkos ha señalado que no le compete explicar las razones de una dimisión que desde el principio «no tenía ni amparo legal ni efecto real» y por tanto era «agua de borrajas».
La presidenta ha censurado que los mandos presentaran la dimisión un mes antes de que el decreto entre en vigor, 27 horas antes de que finalizase el plazo de alegaciones y hora y media después de que la consejera, «sabedora del malestar en este entorno, invitara a una representación de los mandos a reunirse con ella en su despacho».
El «primer preocupado» por la situación generada con la Ley de Policías, ha dicho la presidenta, fue el propio Gobierno, que solicitó por ello una modificación legislativa para retrasar la entrada en vigor de la normativa hasta el 1 de octubre.
Una vez aprobada esa demora, ha apuntado, la consejera Beaumont emprendió desde el mes de enero «un proceso ingente» de consultas y apertura de cauces de trabajo con la Policía Foral, las policías locales de Navarra, ayuntamientos y mancomunidades.
Al portavoz de UPN, Javier Esparza, le ha reprochado que pidiera la dimisión de la consejera antes de escuchar sus explicaciones el mismo 2 de septiembre. Esparza tuvo ese día la oportunidad de «haber descolgado el teléfono y haberme preguntado cómo estaban las cosas», ha aseverado la presidenta.
«La Policía Foral es mucho más que este intento suyo de erosionar al Gobierno», le ha indicado Barkos al portavoz de UPN.
Javier Esparza, de UPN, tras mostrar su preocupación por las dimisiones, ha asegurado tener la sensación de que «hay un desgobierno» en Navarra y ha señalado a Barkos que «usted es la máxima responsable».
La Ley de Policías «se hizo con la intención de enfrentar a la Policía Foral con UPN», ha agregado Esparza, que ha abogado por «un cambio de talante» en el Gobierno y ha subrayado que «sería inteligente escuchar». Si hay que cambiar la ley, «por qué no se para», se ha preguntado.
Por Geroa Bai, su portavoz, Koldo Martínez, ha señalado a UPN que «no se resignan a haber perdido el Gobierno y tienen que hacer ruido con lo que sea».
«Esta es la policía que ustedes nos han dejado, por su mala gestión, por su descontrol», ha aseverado Martínez, que ha declarado que a la ley «hay que darle el tiempo necesario».
Adolfo Araiz, de EH Bildu, ha considerado que esta «fractura» en la Policía Foral ya existía antes, porque el Gobierno de UPN fue «comprando voluntades» y creando «estómagos agradecidos», una situación que a su juicio no ha solucionado la nueva ley.
El portavoz de EH Bildu ha entendido que la dimisión de los mandos es un «chantaje» y algo «insólito» y ha descartado que haya que hacer «tabla rasa» con la ley, aunque tenga «sus deficiencias».
Rubén Velasco, de Podemos, ha mostrado su desacuerdo con la actitud de los mandos de Policía Foral, ya que al parecer «algunas personas están acostumbradas a mandar pero no a obedecer».
Por su parte, la portavoz del PSN, María Chivite, ha criticado que se intente crear una «alarma» en relación a la Policía Foral utilizando «palabras gruesas» y ha animado a retomar el camino del diálogo sobre una ley que pretende, entre otros objetivos, eliminar discriminaciones salariales.
Ana Beltrán, del PP, ha comentado que, pese a las reuniones mantenidas, en el Gobierno «no han llegado a ninguna solución satisfactoria» en relación a una ley que es «manifiestamente» mejorable. «Se van a cargar a la Policía Foral por intereses políticos», ha señalado además a los parlamentarios de Bildu.
Marisa de Simón, de I-E, ha opinado que en este caso el Gobierno «ha actuado con celeridad, ha hecho lo que tenía que hacer», y ha expresado un «no rotundo» a la derogación de la ley.
Tras la intervención de los grupos, Barkos ha insistido en que no ha habido dimisiones, porque las solicitudes no han sido admitidas, y ha explicado que el Gobierno ha empleado el último año en hacer «lo que en los últimos veinte años no se había hecho», que es un informe de valoración de puestos de trabajo en Policía Foral que la consejera Beaumont presentará en comisión parlamentaria.
Beaumont, que se ha comprometido al cumplimiento de la ley «en plazo, tiempo y forma y desde luego con la máxima participación», ha reconocido la existencia de dificultades por los cambios introducidos, pero «de ingobernabilidad, nada».
La consejera ha insistido en que se está analizando jurídicamente la actuación de los mandos para determinar si existe algún tipo de infracción y la determinación de responsabilidades. EFE
