La Fiscalía Anticorrupción ha pedido prisión para los once detenidos que han declarado este miércoles en el marco de la Operación Frontino que investiga el fraude en la empresa estatal Agua de la Cuencas Mediterráneas (Acuamed), aunque en el caso de ocho de ellos ha reclamado que se les impongan fianzas para eludir su ingreso en la cárcel.
Según han informado fuentes jurídicas, el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha retomado esta tarde las declaraciones a los dos detenidos que quedan por comparecer ante él: el director general de Acuamed, Arcadio Mateo del Puerto, y el funcionario Pablo Martín.
Entre los once que han comparecido esta mañana ante el juez figuran Miguel Jurado Fernández, presidente de FCC Construcción, y Justo Vicente Pelegrini, director de Infraestructuras en España de Acciona Infraestructuras.
Nueve detenidos se niegan a declarar
También la directora de Ingeniería y Construcción de Acuamed y sus delegados en Murcia y Valencia, así como Manuel Moreno Maestre, presidente de Pipeline y que ya estaba siendo investigado en el caso Marismas sobre una trama de facturas falsas en beneficio de Abengoa en Sevilla.
De estas once personas, solo dos han accedido a prestar declaración ante Velasco, mientras que los otros nueve se han acogido a su derecho a no hacerlo.
A los arrestados se les imputan los delitos de falsedad en documento público, prevaricación, malversación de caudales públicos, cohecho y maquinación para alterar el precio de los concursos públicos.
El juez ha retomado las comparecencias a las 16:30 horas y una vez haya tomado declaración a los dos detenidos restantes decidirá si enviarlos a prisión o dejarlos en libertad.
El fraude podría ascender a 25 millones
Esta operación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha desvelado un fraude en contratos de la empresa pública Acuamed que podría ascender a unos 25 millones de euros.
La investigación se centra en una supuesta trama que desde Acuamed habría adjudicado de forma fraudulenta obras y falsificado certificaciones y liquidaciones para aumentar significativamente las cantidades a abonar a las empresas adjudicatarias.
Las obras objeto de investigación se encuentran relacionadas, entre otras, con la creación de conducciones acuíferas terrestres, acondicionamientos de cuencas de ríos y contención de embalses, construcciones de desaladoras y tratamientos químicos para la descontaminación de embalses.
La pesquisas se iniciaron en septiembre de 2014 tras una denuncia presentada en la Fiscalía Anticorrupción y las diligencias han sido declaradas secretas.
Vayan imagen damos al mundo como país de corruptos. Es una noticia seguida de otra. Y todo lo que aún no sabemos.¡ Qué vergüenza !. Esta es la principal lacra de España porque socava el ánimo del ciudadano trabajador y honrado.