El rechazo a todas aquellas sentencias que son contrarias a los intereses del gobierno catalán, como vemos ahora, con su rechazo a la sentencia del Tribunal constitucional, que CIU proclama que es contraria al estatuto, muestra, una vez más, el uso arbitrario e interesado del nacionalismo de las normas legislativas.
No debería consentirse tamaña actuación. No basta solo, dejar que las cosas «se pongan en su sitio» de forma natural. La tibieza que se muestra, » da alas» a quienes intentan socavar el Estado de derecho. El gobierno de España con su indefinición, crea un caldo de cultivo tal, que alienta este tipo de actuaciones.
La Constitución de 1978, marca, define claramente que España es un estado unitario, ajeno a veleidades independentistas. Establece las normas de actuación ante semejantes despropósitos. Otra cosa es que se haga caso omiso a lo establecido. El gobierno, por tanto, es culpable de esta situación. Haría bien cumpliendo y aplicando la norma constitucional.
