La juez que investiga el caso de los Expedientes de Regulación de empleo (ERE) irregulares, Mercedes Alaya, ha ampliado formalmente los años en la investigación del caso
Hasta ahora se limitaba al periodo comprendido entre los años 1999 y 2010, y a partir de este momento las ayudas concedidas por la Junta de Andalucía se ampliará a los años 2011 y 2012, periodo en el que ocupó la presidencia de la Junta José Antonio Griñán. El el auto que amplía la investigación también como nuevo imputado, al exsecretario general de Hacienda y exviceconsejero de Economía y Hacienda José de Haro.
En este auto, con fecha de 15 de julio, la magistrada Alaya -según Europa Press- la magistrada argumenta, que, «siendo necesario completar la relación de subvenciones socio-laborales concedidas hasta el ejercicio 2012» con cargo al programa 31L de la Consejería de Empleo, y requiere a la Junta de Andalucía para que, en el plazo de dos días, «remita relación de las ayudas concedidas e importe de las mismas durante los ejercicios 2011 y 2012, las resoluciones por las que se acordaba la concesión de éstas y la fecha de abono en su caso».
En el mismo auto, y en relación a la imputación del exviceconsejero de Economía y Hacienda, la juez pone de manifiesto que José de Haro sucedió como secretario general de Hacienda a Antonio Estepa –también imputado en la causa– en abril de 2004, desempeñándolo hasta el mismo mes de 2009.
Como secretario general de Hacienda, «estuvo a las órdenes del titular en aquellas fechas, José Antonio Griñán», por entonces consejero de Economía y Hacienda, y «le correspondería el impulso y la coordinación de la política presupuestaria y además se encontraba adscrito a la Secretaría General de la Intervención de la Junta de Andalucía».
Según indica la juez, «en virtud de lo anterior tendría una activa participación en el uso inadecuado de la partida presupuestaria de las transferencias de financiación en el programa 31L de la Dirección General de Trabajo en el proceso de elaboración de los Presupuestos y, de igual modo, conocería el falseamiento del presupuesto necesario en IDEA, creando gastos inexistentes para que el uso de las transferencias de financiación por parte de la Dirección General de Trabajo a dicha agencia fuera posible».
Asimismo, el nuevo imputado «formaría parte también en el proceso de elaboración presupuestaria de los grupos de trabajo de alta cualificación técnica que cada año se llevaban a cabo para examinar los distintos programas presupuestarios, su contenido, su finalidad y su coste».
Sobre el nuevo imputado
La juez Alaya relata que, en abril de 2009, el imputado fue nombrado viceconsejero de Economía y Hacienda, consejería «cuya titular era Carmen Martínez Aguayo», y en el tiempo que ocupó el cargo «tendría igualmente una activa participación en la elaboración del Presupuesto de 2010, en el que si bien desaparecieron de los estados de gastos del programa 31L de la Dirección General de Trabajo las transferencias de financiación, en el análisis de los objetivos por programa y en la memoria del citado Presupuesto se establecía como prioridad la continuidad del sistema de transferencia a IDEA para dar cobertura a los compromisos adquiridos en virtud de expedientes de regulación de empleo, planes de jubilación, ayudas para la viabilidad de empresas, en virtud del concierto con IDEA en vigor desde 2001».
Según la instructora, lo anterior «determinaría que en el año 2010, pese a la vinculación de la partida presupuestaria 47/77 recogida en el estado de gastos referido, todo siguiera como en años anteriores, permitiendo así la concesión de las ayudas sociolaborales al margen del procedimiento legalmente aplicable».
La juez cita a declarar al nuevo exalto cargo imputado el próximo día 23 de julio, el mismo día en que cita a declarar al exsecretario general de UGT-A Francisco Fernández Sevilla por las ayudas concedidas a Altadis.
Este mismo día 23 de julio cita también a otras dos personas que ya estaban imputadas en la causa, como son Cristina Ruiz Castillo, gerente de Promi, y al exsecretario general de Empleo Rafael Herrera Gil, a quien cita después de que el informe médico forense realizado haya considerado «que se encuentra capacitado físicamente para declarar ante este Juzgado».
Ilocalizables seis imputados en el caso de los EREs
Por último, la juez da cuenta de que «ha sido imposible localizar los domicilios» de hasta seis imputados que estaban citados a declarar a lo largo de esta semana, «pues se carece de datos de identidad para poder consultar en las bases de datos del padrón de habitantes, bien porque no consta el DNI relativo a los mismos, bien por estar incompleta su identidad».
Por ello, libra oficio a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para que «practique diligencias encaminadas a identificar e informar al Juzgado de los domicilios» de la sindicalista de UGT Blanca Uruñuela; del sindicalista de CCOO Antonio Perianes; y de cuatro imputados relacionados con A Novo Comlink, como son el presidente del consejo de administración, Gilbert Weill; el consejero delegado, Carlos Castiñeiras; José F. Pardo Fernández, alto directivo de A-Novo, consejero y representante e «interlocutor» de la empresa con la Consejería de Empleo, y Manuel Jiménez de Miguel, directivo de la empresa.
