El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publica hoy el decreto por el que se retiran las competencias de adjudicación de viviendas protegidas a la Consejería de Fomento y Vivienda, en manos de IULV-CA, y pasan a manos de la Consejería de Hacienda y Administración Pública que dirige la socialista María Jesús Montero
El decreto, que ha entrado en vigor este mismo viernes, se publica a raíz de las diferencias surgidas entre los socios de gobierno tras la solución adoptada por Fomento para el realojo de familias de la Corrala Utopía en Sevilla y que ayer jueves provocó una reunión del comité de enlace PSOE-IU que culminó sin acuerdo tras doce horas de negociación que se retomará este viernes.
Díaz expresó ayer en el Parlamento que desde la Junta «siempre se va a actuar dentro del marco de la ley, de la igualdad y de la justicia social» y adelantó que «si se recupera la normalidad legal de la situación, evidentemente se podrá revisar el decreto».
La disposición cuyas competencias se retiran a Fomento regula los criterios de selección de destinatarios de vivienda protegida con recursos económicos limitados y alude expresamente a los «realojos transitorios en viviendas protegidas derivados de actuaciones en materia de rehabilitación o motivadas por otras circunstancias excepcionales».
