El Gobierno ha contratado a un abogado en Bélgica para defender la integridad y la jurisdicción española ante los tribunales belgas, tras la demanda civil presentada en ese país contra el juez instructor de la causa abierta por el «procés», Pablo Llarena, por los procesados huidos.
El letrado, según han informado a Efe fuentes jurídicas, actuará bajo dirección y supervisión de la Abogacía del Estado, que defiende los intereses del Estado y de sus organismos autónomos.
El CGPJ ampara al juez Llarena ante el “ataque planificado” a su independencia