Presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet.
EFE.- La Cámara de Comercio de España ha instado a las administraciones a cumplir con los acuerdos en materia de concesiones públicas y a respetar la seguridad jurídica que garantice el bienestar de la ciudadanía
Además, hoy durante la presentación institucional del libro «Servicios públicos e ideología. El interés general en juego», el presidente de la Cámara, José Luis Bonet, ha querido «romper una lanza» en favor de la colaboración público-privada en lo que afecta a la parte práctica de la gestión de los servicios.
«Hay que defender la necesidad jurídica para aquellas empresas que vienen realizando una actividad con eficiencia desde hace tiempo, y se encuentran ahora una ola de cierto tinte ideológico que se plantea la gestión directa», ha matizado Bonet.
Por ello, el presidente de la Cámara de Comercio ha solicitado a los ediles locales a emplear «el sentido común» a la hora de valorar el rescate de los servicios públicos municipales.
«Siempre se puede hablar, pero si hay algo que funciona con eficiencia por el bien de la gente creo que hay que preservarlo», ha concluido.
En este sentido, varios juristas presentes en el acto, han destacado la importancia del diálogo entre empresas e instituciones para aprovechar la actual regulación de la UE que favorece la creación de sistemas colaborativos.
Así, el exministro de Justicia Francisco Caamaño ha recordado que «las grandes transferencias económicas y culturales se han producido gracias a la colaboración», como por ejemplo, en el sector de la tecnología de las comunicaciones o en la gestión del conocimiento.
«Lo que se produce es un mal entendimiento, vivimos en una situación en la que se piensa que ante las consecuencias de la crisis, lo privado no es conveniente en lo público y hay que volver a la remunicipalización», ha añadido Caamaño.
Por su parte, el expresidente del CGPJ y del Tribunal Constitucional Pascual Sala ha opinado que la gestión directa de los servicios públicos no debe considerarse como la única posibilidad, puesto que «las administraciones muchas veces tienen limitaciones presupuestarias» y debe primar en cualquier caso el beneficio ciudadano.
El catedrático de Derecho Administrativo José María Gimeno, uno de los autores de la publicación, ha señalado que el Derecho español permite tanto la gestión público, como privada o mixta, aunque en España «es verdad que se tiene cierta querencia a que la iniciativa privada colabore al interés general».
El libro «Servicios públicos e ideología. El interés general en juego» reflexiona sobre las posibilidades en las concesiones de servicios públicos, primando el beneficio de la sociedad sobre cualquier otro interés, y cuestiona ideas como que el sector privado es más económico o la gestión directa más sostenible.
